En una resolución unánime que sacude el tablero político del Cono Sur, la Cámara de Casación de Argentina confirmó este viernes la incautación definitiva de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez.
La medida busca recuperar para las arcas del Estado la suma de 685.000 millones de pesos, equivalentes a unos 310 millones de dólares, en concepto de los daños y perjuicios ocasionados por el esquema de corrupción en la obra pública conocido como "Vialidad".
El máximo tribunal penal del país rechazó de forma tajante todos los recursos de la defensa y ratificó la sentencia que obliga a los imputados a cubrir esta millonaria cifra en un plazo máximo de diez días; de lo contrario, se procederá a la subasta pública de un vasto patrimonio que incluye millones de dólares en efectivo, 213 propiedades, seis sociedades mercantiles y más de un centenar de apartamentos.
El fallo detalla que la confiscación es el resultado de la comprobación de sobreprecios en 51 licitaciones viales y los daños derivados del abandono de diversas obras. Entre los activos embargados figuran 19 apartamentos a nombre de los hijos de la exmandataria, producto de un anticipo de herencia con el que la expresidenta buscó blindar su patrimonio, que en su última declaración jurada apenas ascendía a 250 millones de pesos.
Actualmente, Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario tras ser hallada culpable de favorecer a Lázaro Báez con contratos millonarios durante su gestión.
Mientras la Justicia avanza hacia la ejecución de sus bienes, la expresidenta insiste en su inocencia y sostiene que este proceso es parte de una persecución política y judicial diseñada para marginarla de la escena pública nacional.
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