Por Luz Neira Parra
En tiempos de crisis institucional, económica y estructural en la universidad pública venezolana, es comprensible que surjan ajustes administrativos y reorganizaciones internas. Sin embargo, una cosa es adaptarse a las limitaciones del contexto y otra muy distinta es tomar decisiones estructurales que afectan el corazón académico de una carrera con base en la simple argumentación de que “la crisis lo justifica”.
La formación universitaria no puede subordinarse a la precariedad como criterio rector. Las restricciones presupuestarias, la escasez de docentes y las dificultades operativas son realidades compartidas por muchas facultades. Pero esas condiciones no pueden convertirse en la excusa automática para eliminar departamentos, fusionar estructuras o modificar el currículo sin diagnóstico técnico, sin evaluación académica y sin debate participativo.
Este debate se vuelve especialmente relevante en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, donde la dirección ha estado bajo la conducción de la profesora Margarita Sánchez durante más de 25 años. En ese período, el plan de estudios vigente mantiene como base estructural el diseño aprobado en 1995, con modificaciones puntuales y ajustes parciales, pero sin una reforma curricular profunda y sistémica que responda a las transformaciones radicales que ha experimentado la comunicación en las últimas tres décadas.
La pregunta central no es personal, sino institucional: ¿por qué en más de dos décadas no se ha impulsado una actualización integral del currículo con participación amplia y evaluación externa? ¿Por qué las transformaciones parecen ejecutarse mediante ajustes fragmentados y decisiones administrativas aisladas en lugar de un proceso académico estructurado?
Lo que genera mayor inquietud es la propuesta —o intención administrativa— de reorganizar o fusionar el Departamento de Investigación con el Departamento de Impresos. Una decisión de esa naturaleza no puede sustentarse únicamente en criterios operativos ni en argumentos de eficiencia económica.
La investigación constituye el eje epistemológico de cualquier escuela universitaria. Es la base que sostiene la producción de conocimiento, el pensamiento crítico y la calidad metodológica de la formación profesional. Reducir su autonomía o diluirla en otra estructura departamental sin un estudio de impacto académico representa un riesgo institucional evidente.
Si esa medida responde a una supuesta necesidad derivada de la crisis, entonces el problema es aún más profundo: ¿se está sacrificando la estructura académica para resolver carencias administrativas? ¿Existe un diagnóstico técnico que respalde esa reorganización? ¿Se discutió con docentes, estudiantes y egresados antes de plantearla?
Es fundamental aclarar un principio: la crisis exige creatividad institucional, pero no justifica decisiones improvisadas ni concentraciones de poder académico sin control colegiado.
En muchas universidades públicas del país, incluso en condiciones adversas, existen facultades que han logrado mantener procesos académicos sólidos. La Escuela de Medicina en la Universidad del Zulia es un ejemplo de continuidad formativa con estándares relativamente estables pese al contexto complejo. Eso demuestra que la dificultad económica no necesariamente implica degradación académica automática.
Por lo tanto, el debate en Comunicación Social no debería centrarse en recortar por recortar, sino en preguntarse cómo fortalecer la estructura existente mediante planificación estratégica. Si hay déficit de profesores, la respuesta no debería ser eliminar departamentos, sino diseñar mecanismos de incorporación, redistribución o colaboración interdepartamental. Si hay problemas presupuestarios, la solución no puede ser debilitar la investigación, sino buscar alianzas, proyectos y producción académica que generen impacto y visibilidad institucional.
¿Qué debería hacerse entonces?
Cualquier modificación curricular o estructural debería incluir:
Una reforma curricular participativa con comisión plural.
Diagnóstico público sobre la pertinencia de cada departamento.
Evaluación externa independiente.
Consulta formal a docentes y estudiantes.
Publicación de un informe técnico que justifique cada cambio estructural.
Sin estos elementos, las transformaciones carecen de legitimidad académica.
La universidad pública debe proteger su autonomía académica frente a decisiones que puedan estar motivadas por urgencias administrativas coyunturales. La estabilidad institucional es importante, pero no puede confundirse con permanencia sin revisión crítica.
Los egresados de Comunicación Social merecen una formación actualizada, rigurosa y coherente con los desafíos contemporáneos. Y eso solo será posible si las decisiones se toman con transparencia, fundamento académico y participación colectiva —no bajo el argumento simplificador de que “la crisis obliga”.
Profa Luz Neira Parra Msc
@luzneirap
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