Bajo el lema "Basta de masacre", decenas de residentes de las favelas de Río de Janeiro se manifestaron el pasado viernes, 31 de octubre de 2025, en respuesta a un operativo policial que resultó en la muerte de más de 120 personas en dos de estos barrios.
La marcha, organizada por diversas organizaciones sociales y comunitarias, recorrió el Complexo da Penha, uno de los lugares más afectados por las operaciones policiales. Los manifestantes pasaron por la plaza São Lucas, donde, un día después del operativo, los residentes habían expuesto al menos 50 cadáveres que habían recuperado de áreas cercanas.
En el campo de deportes de la comunidad, los asistentes se reunieron con pancartas que exigían justicia y criticaban al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, quien ha sido señalado como responsable del operativo.
Los lemas "fuera Cláudio Castro" y banderas de Brasil manchadas de sangre se destacaban entre la multitud vestida de blanco. Algunos llevaban camisetas con mensajes como "solo quiero ser feliz y caminar tranquila por la favela en la que nací", mientras que otros pintaron manos rojas sobre telas claras.
Antes de la protesta, familiares de las víctimas se congregaron frente a la casa del Gobierno regional para exigir justicia.
Además de las manifestaciones en Río, se esperaban protestas en otras ciudades importantes del país, como São Paulo, Brasilia y Salvador, para demandar el fin de la violencia policial.
Los complejos de favelas Penha y Alemão, donde viven aproximadamente 200.000 personas, fueron escenario del operativo más letal en la historia reciente de Brasil.
Según las autoridades, la operación tenía como objetivo la captura de líderes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más grandes del país.
El Gobierno del estado de Río ha reconocido oficialmente 121 muertes, mientras que la Defensoría Pública reporta un total de 132. A pesar de la magnitud de las bajas, Castro y las fuerzas de seguridad han calificado el operativo como "exitoso", argumentando que solo cuatro víctimas eran agentes de la policía.
Un informe reciente de la Secretaría de Seguridad Pública indicó que la mayoría de los fallecidos tenía antecedentes penales por delitos graves, como narcotráfico y homicidio. Además, se reportaron 133 detenciones y la incautación de más de 90 fusiles durante el operativo.
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