En los últimos años, han surgido en Venezuela diversas modalidades de estafa que han evolucionado con estrategias cada vez más sofisticadas para captar dinero ilícitamente y evitar consecuencias legales. En un contexto donde las transacciones en moneda extranjera, las criptomonedas y las inversiones privadas han ganado protagonismo, los estafadores han perfeccionado sus métodos, utilizando la apariencia de legalidad para engañar a sus víctimas y posteriormente evadir su responsabilidad.
Estas estructuras fraudulentas no operan de manera improvisada; al contrario, están diseñadas con mecanismos premeditados para captar fondos y, en caso de reclamos, desviar la situación hacia otras instancias para dilatar cualquier acción en su contra. Ante este panorama, es fundamental fortalecer las estrategias de acción de los órganos encargados de administrar justicia, de modo que estos esquemas no sigan operando con impunidad.
Empresas fachada y captación fraudulenta de dinero
Uno de los métodos más recurrentes en estas estafas es la creación de empresas con apariencia legítima en sectores como bienes raíces, importaciones, inversiones digitales o financiamiento comercial. Estas estructuras registradas formalmente, con oficinas y presencia en redes sociales, generan confianza en sus potenciales inversionistas, quienes son atraídos con promesas de altos rendimientos en períodos cortos.
La captación de dinero se realiza generalmente a través de transferencias electrónicas en dólares, pagos en criptomonedas o depósitos en cuentas de empresas intermediarias. Al principio, los responsables cumplen con los pagos prometidos, generando una sensación de seguridad en las víctimas. Sin embargo, con el tiempo, comienzan a retrasar los pagos, alegando problemas financieros, hasta que finalmente desaparecen o afirman que la inversión se perdió debido a factores externos.
Estrategias utilizadas para evadir la justicia
Los responsables de estos fraudes han desarrollado tácticas para evitar enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Estas estrategias incluyen maniobras diseñadas para desviar la atención de los órganos de justicia y prolongar cualquier proceso en su contra. Algunas de las más utilizadas son:
1. Simulación de conflictos civiles o mercantiles: Ante una denuncia penal, los estafadores intentan desviar la investigación argumentando que no se trata de un delito, sino de un simple incumplimiento contractual. Para ello, en algunos casos, presentan documentos que aparentan acuerdos legítimos de inversión o financiamiento. En otros casos, simplemente afirman que se trata de una disputa comercial sin necesidad de pruebas, buscando que el caso sea remitido a la jurisdicción civil o mercantil.
2. Declaración de insolvencia: Una vez que logran trasladar el conflicto a la jurisdicción civil, recurren a otra táctica: simular una quiebra o insolvencia para evitar el pago de las deudas. Para ello, disuelven empresas, transfieren activos a terceros o vacían sus cuentas bancarias, de manera que, aunque exista una sentencia civil en su contra, no haya bienes o fondos que puedan ser embargados.
3. Uso de intermediarios como chivos expiatorios: Los verdaderos responsables de la estafa rara vez aparecen formalmente en los contratos o documentos de inversión. En su lugar, utilizan testaferros o intermediarios sin recursos que asumen la responsabilidad en caso de denuncias, dificultando así el proceso de persecución contra los beneficiarios reales del fraude.
4. Denuncias cruzadas y campañas de desprestigio: Recientemente, algunos estafadores han empezado a utilizar la estrategia de denunciar a las víctimas o a sus abogados por “terrorismo judicial”. Con esta maniobra, buscan desacreditar las denuncias en su contra, alegando que son víctimas de una persecución injusta, con el fin de generar dudas y obstaculizar la acción de los órganos de justicia.
Un camino necesario para frenar estos delitos
El crecimiento de estas modalidades de estafa representa un reto para los órganos encargados de la administración de justicia en el país. No se trata simplemente de conflictos civiles o incumplimientos contractuales, sino de estructuras fraudulentas diseñadas con la intención de captar dinero ilícitamente y eludir la ley.
Es fundamental seguir fortaleciendo las herramientas y estrategias de acción contra estos delitos, garantizando que no se utilicen argumentos como la simulación de insolvencia o la desnaturalización del fraude para evadir la responsabilidad penal. Identificar los patrones de este tipo de esquemas y actuar con determinación permitirá frenar la impunidad de estos delitos y brindar mayor protección a las víctimas.
Además, es importante que la sociedad tome medidas preventivas, evitando caer en ofertas de inversión con promesas de retornos poco realistas y verificando siempre la legitimidad de las empresas antes de realizar cualquier transacción.
La lucha contra estas modalidades de fraude no solo debe centrarse en la persecución penal, sino también en la concienciación de la sociedad sobre los riesgos de estos esquemas y la importancia de verificar siempre la legalidad de cualquier inversión. La aplicación efectiva de la ley y una ciudadanía informada serán las claves para cerrarles el paso a estos delitos y evitar que más personas sean víctimas de estos engaños.
Dr. Juan Pablo Montiel
