Viernes 05 de junio de 2026
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"Nicolás y Cilia van a volver": Maduro Guerra

Los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron un documento solicitando la desestimación de los cargos. Alegan que el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), revocó las licencias que permitían utilizar fondos venezolanos para sufragar su defensa

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El diputado Nicolás Maduro Guerra expresó este jueves su confianza en el retorno al país de su padre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, quienes enfrentan una segunda audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

A través de sus redes sociales, Maduro Guerra escribió: «¡Nicolás y Cilia! Van a volver», mensaje que acompañó con un video en el que aparece la pareja presidencial tomada de la mano.

El parlamentario afirmó que, “más allá de la presidencia”, su padre es “un hombre de fe, un obrero que se reconoce como hijo de Dios”. En el material audiovisual compartido, el mandatario asegura que nunca aspiró a ser presidente y se define como “un hijo de Cristo”, señalando que su destino está en manos de Dios.

Maduro Guerra indicó recientemente que ambos “están muy bien, fuertes y con mucho ánimo”, y destacó que su padre “está haciendo ejercicios todos los días”.

Desde la noche del miércoles 25 de marzo se inició una vigilia a las puertas del Palacio de Justicia de Caracas, donde ciudadanos se congregaron en oración para pedir justicia y protección para el presidente de la República y la primera dama.

En su primera comparecencia, Nicolás Maduro se declaró “no culpable” y se definió como un “prisionero de guerra”.

Por su parte, los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron un documento solicitando la desestimación de los cargos. Alegan que el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), revocó las licencias que permitían utilizar fondos venezolanos para sufragar su defensa, lo que califican como un “error administrativo”.

La defensa sostiene que esta medida vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, al impedirles elegir a sus representantes legales, y considera inválida la opción de asignarles defensores públicos.

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