La Fiscalía Centro Norte de Chile, logró condenar a siete integrantes de una banda criminal de origen venezolano especializada en secuestros extorsivos en la región Metropolitana.
A través de una investigación junto a la Brigada de Investigación Policial Especial (BIPE) de la PDI, se logró condenar a siete secuestradores venezolanos. Los implicados enfrentarán un total de 95 años de cárcel por su participación en tres delitos de secuestro.
El grupo criminal, compuesto por seis adultos y un adolescente, fue condenado por los delitos de secuestro extorsivo con agravante de aumentar deliberadamente el sufrimiento de las víctimas.
Quince años para cada uno
Cada uno de los adultos recibió una pena de 15 años y un día de prisión. Mientras que el menor de edad fue sentenciado a 5 años de internación provisoria. La sumatoria de la condena equivale a 95 años de prisión.
Este juicio representó un segundo intento por parte de la Fiscalía. Ya que en el primer juicio, la sentencia consideraba erróneamente los tres secuestros como un único hecho, lo que llevó a la Fiscalía a recurrir de nulidad.
En esta ocasión, el tribunal acogió los argumentos del ente persecutor, permitiendo que los imputados fueran condenados por cada uno de los tres delitos.
Los secuestros
La investigación reveló que la banda criminal operaba utilizando armas de fuego y lugares específicamente preparados para mantener a las víctimas en cautiverio.
Entre los lugares identificados se encuentran una propiedad en la calle Zenteno, en Santiago, y departamentos en Pasaje Queilén, en Puente Alto.
El 31 de julio de 2022, tres víctimas fueron secuestradas cuando se dirigían a adquirir sustancias ilícitas en un domicilio de calle Zenteno. Allí, fueron abordadas por los secuestradores armados, quienes las trasladaron a un cuarto, donde fueron amarradas, golpeadas y amenazadas para que entregaran dinero.
Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a otro punto de cautiverio en Puente Alto, donde continuaron siendo torturadas.
Los secuestradores incluso grabaron videos de las víctimas, que luego fueron enviados a sus familiares en Venezuela para exigir un pago de $5.000.000, bajo amenaza de mutilación.
Durante las horas de la madrugada del 1 de agosto de 2022, los secuestradores continuaron con sus tácticas intimidatorias, incluyendo la grabación de más videos extorsivos y el intento de forzar la venta del vehículo de una de las víctimas. Finalmente, las víctimas fueron liberadas en Renca.
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