Una comisión policial-militar ingresó la madrugada del viernes, 10 de noviembre, al Internado Judicial de San Felipe (Yaracuy), para acometer la operación Gran Cacique Guaicaipuro, de acuerdo con reportes.
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El ministro de Interiores, Remigio Ceballos, encabezó el despliegue en compañía del comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Elio Estrada; la ministra Celsa Bautista (Penitenciario) y el subdirector de la Policía Nacional Bolivariana Miguel Domínguez, tal como se observa en un video.
Avanzada la mañana, los 503 privados de libertad que estaban en las celdas fueron evacuados por funcionarios militares y del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
“Hemos tomado control total de este centro y con este tenemos cien por ciento de las cárceles bajo el régimen penitenciario del ministerio y ahora vamos hacia un proceso de reimpulso”, comentó el ministro Ceballos en declaración a VTV.
Ceballos, quien también es vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana, refirió que durante el procedimiento se ha dado “estricto cumplimiento de los derechos humanos. Hemos acabado con las estructuras criminales que había en las cárceles”.
Al igual que en las otras seis cárceles tomadas por el Gobierno, el penal yaracuyano, conocido como La Cuarta, era administrado por una estructura delictiva que en este caso dirigía Freddy Barboza Lizarraga (La Charra), quien tenía como colaboradores a Dennis Antonio Parra Rivero (el Chino) y otro sujeto apodado el Miguelito, según investigaciones.
La Charra está procesado por los delitos de homicidio calificado, tráfico de armas y aprovechamiento de cosas provenientes del delito, según expedientes judiciales.
Dentro del recinto, los cabecillas mantenían una “economía carcelaria”, sustentada, entre otros, por el pago de la denominada “causa” o “impuesto de vida”, que consistía en la cancelación obligatoria para cada preso de cinco dólares.
Mientras que el ingresar visitas se pagaba con cinco dólares y si la persona se quedaba a dormir debía entregar treinta. Tener acceso telefónico o poseer un celular dentro de la cárcel yaracuyana significaba un desembolso de cien dólares.
En esa organización que dirigía La Charra, había un personaje encargado de manejar las cuentas del recinto, conocido por el apodo de Tony el Catire. El jefe de todos los luceros (vigilantes) era Eduardo Salazar y le acompañaban el Yanyel y Palacios.
Esa estructura mantenía vinculación con la organización delictiva AK-47 que dirige alias Wílmer el Bachiller, la cual tiene células en Yaracuy, Carabobo y Lara, ejecutoras de extorsiones, asesinatos por encargo y venta de drogas, entre otros, según informes.
La Cuarta es el último recinto carcelario que faltaba por ser tomado, de un listado de siete establecimientos que no se guiaban por las políticas del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Desde el pasado 20 de septiembre, el Gobierno inició la operación Gran Cacique Guaicaipuro para ejercer el control dentro de esas siete cárceles: Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) y los internados judiciales de Carabobo (Tocuyito), José Antonio Anzoátegui (Puente Ayala, Barcelona), Monagas (La Pica), Bolívar (Vista Hermosa) y La Cuarta (San Felipe, Yaracuy).
En todas esas cárceles comandaba una estructura que además organizaba el delito en los municipios vecinos. También poseían sus parques de armas con cartuchos, artefactos explosivos, subametralladoras, fusiles y escopetas, entre otros.
Tanto el ministro Ceballos como el presidente Nicolás Maduro han dicho que desde esas cárceles se pretendía generar violencia, planes que explican la tenencia de ese armamento dentro de los recintos.
Los principales cabecillas de esas estructuras delictivas que operaban en las siete cárceles están bajo custodia de los organismos de seguridad ciudadana que ejecutaron la operación Cacique Guaicaipuro.
El Ministerio de Interiores abrió una investigación, para determinar el grado de participación de los directores de las siete cárceles en esas estructuras criminales controladas por los denominados pranes.
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