Lunes 30 de septiembre de 2024
Opinión

Gobierno nacional debe implementar políticas públicas en materia  penitenciaria para evitar la sobrepoblación de detenidos (por el Dr. José Luis Alcalá Rhode)

Los calabozos de los cuerpos de seguridad en Venezuela están abarrotados de detenidos, convirtiéndose en depósitos de humanos. Estas infraestructuras…

Gobierno nacional debe implementar políticas públicas en materia  penitenciaria para evitar la sobrepoblación de detenidos (por el Dr. José Luis Alcalá Rhode)
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Los calabozos de los cuerpos de seguridad en Venezuela están abarrotados de detenidos, convirtiéndose en depósitos de humanos.

Estas infraestructuras no están diseñadas para brindar custodia penitenciaria, son solo de carácter preventivo, para no más de 48 horas.

Asimismo, no cuentan con personal profesional capacitado para brindar la debida custodia a los detenidos. Para ello, se forman hombres y mujeres a través de la UNES, como Oficiales del Servicio Penitenciario.

Vemos con preocupación como en los calobozos de las policías estadales y  municipales (PNB, CICPC, SEBIN, DGCIM y GN) detenidos con dos, tres, y hasta cuatro años sin recibir sentencia, así como de penados.

Esta situación ha generado levantamiento de motines e intentos de fugas, debido a las condiciones precarias en que se encuentran estos calabozos. No obstante,  en muchos casos, se han propagado diversas enfermedades dado a las condiciones de insalubridad dentro de los centros.

Maracaibo no cuenta con un Centro de Arrestos Preventivos, no cuenta con una  cárcel para procesados y menos con una  penitenciaria para los penados. Estas condiciones pueden llevar a problemas serios, como: violaciones de derechos humanos debido al hacinamiento, mayor riesgo de violencia dentro de las instalaciones, dificultades para la rehabilitación y reinserción social de los detenidos, sobrecarga de trabajo para el personal policial, desviándolos de sus funciones principales, entre otros.

Por esta razón, mi llamado a las autoridades del Gobierno nacional sugiere la construcción de centros preventivos para procesados y condenados, así como el debido acompañamiento de un sistema judicial eficiente, a fines de evitar el retardo procesal de los detenidos, para ello debemos aumentar el número de fiscales y jueces para reducir la carga de casos, implementando un sistema de gestión más efectivo y tecnológico.

José Luis Alcalá Rodhes

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