La representación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos expresó su desacuerdo con el más reciente informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, el cual documenta presuntas violaciones de derechos humanos y actos de represión política ocurridos en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Durante su intervención, la delegación venezolana cuestionó la legitimidad del documento, señalando que fue elaborado con fines políticos y sin presencia directa en el territorio nacional. El vocero oficial indicó que el informe se basa en fuentes no verificadas, testimonios dudosos y estadísticas sin rigor metodológico, lo que, a su juicio, compromete su validez.
Asimismo, se argumentó que la creación de esta misión responde a un contexto internacional marcado por decisiones previas, como la declaración de Venezuela como amenaza en 2015, la conformación del Grupo de Lima en 2017 y los intentos de establecer un gobierno paralelo en 2019.
El Estado venezolano reiteró que los derechos humanos se garantizan conforme a lo establecido en la Constitución y que no reconocerá iniciativas que, según su postura, buscan justificar presiones externas.
Por su parte, la Comisión de la ONU presentó en Ginebra un informe en el que se afirma que persiste la persecución por motivos políticos en Venezuela y que la represión se intensificó tras el proceso electoral. El documento señala que no existen mecanismos nacionales efectivos para investigar y sancionar los hechos denunciados, por lo que la comunidad internacional representa, según la Comisión, la única vía de justicia para las víctimas.
La presidenta del organismo, Marta Valiñas, informó que de las 25 muertes registradas durante la represión postelectoral, se documentaron 14, y en 12 de ellas se identificó participación directa de cuerpos de seguridad. Entre los casos destacados se encuentran las protestas en Maracay, estado Aragua, donde seis personas perdieron la vida.
También se denunció que cinco detenidos fallecieron bajo custodia estatal sin recibir atención médica adecuada, pese a las advertencias sobre su estado de salud. La Comisión concluyó que, hasta la fecha, no se han presentado avances concretos en las investigaciones y que los hechos permanecen en situación de impunidad.
Noticia al Día / EFE
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