Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Forzar un cambio de régimen en Venezuela no garantiza una solución pacífica del conflicto ni mucho menos la gobernabilidad del país. Una salida violenta llevará al extremo la polarización y prolongará la confrontación. El poder sin contrapesos, concentrado en un solo polo, reproducirá el ciclo de persecuciones y encarcelamientos que es necesario superar para lograr la paz y la gobernabilidad.
En una Venezuela tan polarizada, el diálogo y la negociación encuentran una férrea resistencia por parte de los extremistas y radicales de ambos polos. La oposición que desde hace 25 años aspira gobernar a Venezuela y alienta a Trump para que ordene los bombardeos y les despeje el camino hacia el Palacio de Miraflores, no están dispuesta a esperar los inciertos resultados de otra complicada negociación.
Una salida violenta desembocará en más de lo mismo: la implantación de otro régimen autoritario que utilizará las instituciones del Estado para desatar una cacería de brujas contra todo lo que sea o parezca chavista. La Constitución de Venezuela permite al presidente de la República tomar la iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que -una vez elegida- tiene la facultad de disolver los demás poderes públicos, lo cual sería aprovechado por el nuevo régimen para borrar del ecosistema político a los 24 gobernadores, 285 alcaldes y 256 diputados chavistas. Los extremistas apuestan a una intervención militar externa que provoque un colapso del régimen y los instale en su lugar
Hasta ahora, la amenaza basada en la demostración de fuerza de guerra estadounidense no ha sido suficiente para quebrar al régimen de Maduro. Pero si Trump ataca, los bombardeos en territorio venezolano tampoco garantizan la implosión de un régimen que luce cohesionado. Si Maduro fuese capturado o neutralizado, el alto mando militar venezolano -que es acusado por EEUU de ser cómplice del CDS-, reemplazaría a Maduro con uno de sus miembros.
La FANB y las milicias armadas han demostrado su lealtad chavista, pero no están en capacidad de sostener un enfrentamiento prolongado con la fuerza militar de EEUU. Forzar un cambio de régimen, con la consiguiente persecución y purga de la FANB y las milicias, las empujaría a la resistencia armada que ha sido anunciada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Si se suman las guerrillas colombianas y otros grupos armados irregulares, el resultado sería un conflicto prolongado como el que ha desangrado a Colombia durante más de medio siglo, y así sería imposible una solución política del conflicto venezolano que garantice la gobernabilidad.
El papel de la mediación internacional
Para impedir que se ordenen los ataques militares externos y contribuir a una solución negociada y pacífica del conflicto, se necesita con urgencia una oportuna mediación internacional entre la Casa Blanca y Miraflores. EEUU considera al mar Caribe como una zona de influencia natural y vuelve a marcar el territorio. En su doctrina de Defender la Nación, se valdrá de cualquier pretexto para actuar fuera de sus fronteras y eliminar cualquier amenaza sobre sus intereses.
Con el argumento de despejar la zona de narcoterroristas, el Caribe sur es ahora una zona de exclusión geopolítica. Rusia, China e Irán se inhiben de navegar con sus embarcaciones comerciales o militares para evitar cruzar una línea roja que sea el detonante de un conflicto bélico que no desean.
La observación internacional calificada puede asumir la vigilancia compartida de las rutas del narcotráfico y evitar que se sigan produciendo ataques letales contra embarcaciones acusadas de narcoterroristas, y detener las espantosas ejecuciones extrajudiciales que se repiten sin que se cumplan los protocolos de rigor para capturar e interrogar a los sospechosos, requisar la carga y comprobar que se está cometiendo un delito de narcotráfico para que sea castigado de acuerdo a la ley.
Las amenazas y ataques de Trump no son solo contra Venezuela, se han extendido contra Colombia y México. En la matriz de opinión pública estadounidense e internacional el cuestionamiento a la belicosidad de Trump cobra fuerza. Cada vez son más las voces críticas e influyentes que se oponen a usar a componentes de la FFAA estadounidense para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales contra presuntos narcotraficantes, sin mostrar pruebas y sin el debido proceso. Por eso crece el número de países que se han desmarcado de esta forma de proceder y no quieren terminar siendo cómplices de una atrocidad que el mundo no va a perdonar.
En los últimos días, Trump se ha mostrado dispuesto a dialogar con Maduro. Si se considera el despliegue militar de EEUU como una operación psicológica que abra paso a una solución diplomática, el regreso de Richard Grenell es lo que viene. La Administración Trump puede evitar que Venezuela y la región se conviertan en una zona de conflicto si hace valer su capacidad financiera, diplomática y militar para sentar en la mesa de negociaciones a las partes que se diputan el poder político en Venezuela. La oposición liderada por MCM está agradecida por el apoyo que le brinda la Casa Blanca, pero perdería este respaldo si se niega a participar en la construcción de un acuerdo que le evite a Trump el alto costo y las consecuencias impredecibles que pueden generar los ataques militares en territorio venezolano.
La clave de una solución negociada y pacífica está en compartir el poder y dejar de insistir en la rendición incondicional de Maduro para que sea juzgado y condenado por la justicia de EEUU. Si esa es la mejor alternativa que se le ofrece, Maduro y su régimen nunca entregarán el poder. En vez de seguir apostando a la capitulación o rendición incondicional del otro, los polos en pugna están llamados a acordar las condiciones para recuperar la alternabilidad en el mando político.
Con una oportuna mediación internacional, la Administración Trump puede presentar al gobierno y a la oposición venezolanas un marco general para pactar la coexistencia política. Aunque lleve más tiempo, el mejor camino para solucionar el conflicto político y restaurar la democracia venezolana, sin tener que incurrir en los ruinosos costos materiales y humanos que suele generar una salida violenta e insurreccional, es la firma de un Pacto de Convivencia Pacífica, con garantías de protección y no persecución para los actores que se diputan el poder político, comenzando por la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados y la devolución de los símbolos y activos de los partidos políticos intervenidos.
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