A un mes del arrase de los candidatos oficialistas en las elecciones parlamentarias y regionales del
25 de mayo, el CNE anunció elecciones de alcaldes y concejos municipales para el 27 de julio. En
estos nuevos comicios se elegirán 335 alcaldes y 2.471 concejales; de estos, 982 son electos
nominalmente en 596 circuitos interparroquiales, y 1.420 en 335 listas cerradas por representación
proporcional.
Actualmente, de los 335 alcaldes, 111 son de la oposición, 58 de la MUD y 53 de otras tendencias
opositoras. Entre los 2.471 concejales, 954 son de oposición, 479 son de la MUD y 475 de otros
partidos de la oposición.
Estaba cantado que el oficialismo se apresuraría a convocar las elecciones municipales para
terminar de rematar a una oposición que aún no se repone del trauma poselectoral que sufrió
después del inesperado y sorprendente resultado anunciado por el CNE en las Presidenciales del
28-J, contrario a las encuestas, mediciones a boca de urna, y las actas en manos de los testigos de
la oposición.
Una vez más, la convocatoria apresurada de las elecciones deja a la oposición desconcertada y sin
capacidad de respuesta. El oficialismo no da tregua para que su dividido y extenuado rival reflexione
y decida capitalizar el rechazo a la gestión de gobierno. La división y debilidad de oposición es
aprovechada para una nueva arremetida que los deje fuera de juego.
¿Tiene la oposición suficientes fortalezas para defender las 111 alcaldías y 954 concejales que aún
tiene y lograr un mejor desempeño en las Municipales del 27J?
No hay candidatos para tantos cargos
Entre las organizaciones habilitadas para participar figuran 36 nacionales, 10 regionales y 8 de los
pueblos indígenas. Si compiten separadas, cada organización política debe postular:
335 candidatos a alcaldes,
335 candidatos a concejales por lista,
1.420 por circuitos interparroquiales.
Esta cantidad sube a 2.840 candidatos, considerando los suplentes.
Adicionalmente, se eligen 69 concejales de los pueblos indígenas.
La suma de 335 alcaldes y 2.471 concejales principales equivale a 2.806 cargos. Si esta cantidad se
multiplica por 36 partidos nacionales, estos deberían postular al menos 89.291 candidatos.
Y si sumamos los 10 partidos regionales y las de 8 de representación indígena, el número de
candidatos se hace más grande.
Dada la debilidad y falta de presencia en muchos estados y municipios, los partidos de la oposición
no tienen tantos candidatos para postular. De allí la importancia de las alianzas y acuerdos unitarios
para mantener vigente el registro electoral.
Para muchos partidos de la oposición se trata de un problema existencial. Partido que no participe
en las elecciones municipales, partido que prácticamente desaparece del ecosistema político. Las
organizaciones que no participen en las Municipales del 27-J darán una razón adicional para anular
su registro en el CNE como organizaciones políticas activas.
En las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo, la abstención facilitó la barrida de los
candidatos oficialistas que se llevaron 23 de las 24 gobernaciones y 256 de las 285 diputaciones en
disputa. Un nuevo llamado a la abstención en las Municipales del 27-J tendrá un costo político muy
alto para los partidos que están intentando reconstruirse. Si pierden los 111 alcaldes que ahora
tienen, también perderán los 954 concejales que son líderes locales con una estrecha vinculación
con el pueblo y los electores.
La autodisolución de la oposición puede acelerarse con la división de los que participan, tal como
ocurrió en los comicios del 25 de mayo cuando la oposición participacionista dispersó el voto del
país descontento en cuatro pedazos:
Alianza Democrática, 344.422 votos (6,25 %)
Alianza Un Nuevo Tiempo – Única, 285.501 votos (5,18 %)
Alianza Lápiz y otros: 181.926 votos (3,02%)
Fuerza Vecinal 141.566 votos (2,57 %)
Estos partidos de la oposición participacionista no solo enfrentaron al ventajismo oficialista, también
tuvieron que sufrir los ataques de la oposición abstencionista que los descalificaron y estigmatizaron
como colaboracionistas y traidores. Por si fuera poco, la oposición participacionista no fueron capaz
de postular candidaturas unitarias, armar una maquinaria electoral para defender los votos, ni
presentar una oferta electoral atractiva que motivara al electorado. La falta de unidad de los partidos
de oposición desalentó a los electores y agravó la apatía electoral. Una vez más, los diferentes
bloques de la oposición apostaron a su propio fracaso y dieron muestras de falta de visión
estratégica y capacidad para impulsar alianzas tácticas.
Para evitar la desaparición y silencio institucional del país descontento, hay que apoyar la reelección
de los actuales 111 alcaldes y 954 concejales que aún tiene la oposición; y, adicionalmente, llamar a
votar por los mejores candidatos en municipios claves donde los partidos de la oposición están
presentes y pueden complementar capacidades y recursos para movilizar a los electores y
capitalizar electoralmente el rechazo a los candidatos oficialistas.
La abstención inercial no es una política de cambio. La narrativa de una oposición que dice ser
mayoritaria porque ganó una elección -pero no la ratifica en la próxima- se desvanece cuando es
incapaz de revalidar el respaldo popular que dice tener. Más que la respuesta consciente a una línea
de acción política, la alta abstención electoral en los comicios del 25 de mayo también es el reflejo
del descontento, apatía, desconfianza y hartazgo de la gente con los políticos y con el sistema
político.
En cualquier caso, cada vez que se impone la abstención, es el régimen el que gana espacios de
poder e impone su hegemonía. La abstención no representa ningún avance en la construcción de
una fuerza política que sea reconocida y respetada nacional e internacionalmente. Por el contrario,
es un retroceso que aleja al país descontento del cambio político deseado. Si se repite la abstención
en las Municipales del 27 de julio, los candidatos oficialistas se llevarán la mayoría de las 335
alcaldías y las 2.471 concejalías en disputa y el malestar nacional habrá perdido la oportunidad de
preservar y aumentar sus espacios de resistencia y lucha institucional para mejorar las condiciones
de vida en los municipios y parroquias que es donde vive la gente.
