La reciente publicación del Rule of Law Index 2025, elaborada por el World Justice Project, ha generado comentarios sobre la posición de Venezuela en materia de Estado de Derecho.
Dicho informe vuelve a ubicar al país en los últimos lugares del ranking mundial, presentando un diagnóstico que merece ser revisado con sentido crítico y con rigor técnico.
Las mediciones internacionales pueden ofrecer puntos de referencia, pero no deben asumirse como verdades absolutas cuando se basan en percepciones externas o en parámetros diseñados sin considerar la naturaleza del sistema jurídico venezolano.
El modelo de Estado social de Derecho y de Justicia consagrado en la Constitución venezolana responde a una concepción distinta a la que inspira esos estudios comparativos. Evaluar la institucionalidad nacional con criterios tomados del derecho anglosajón o de realidades socioeconómicas muy diferentes conduce a conclusiones que no reflejan la dinámica real de nuestras instituciones.
Los avances en materia de acceso a la justicia, cobertura del Ministerio Público y presencia judicial en todo el territorio no se traducen en esos índices porque su metodología no incorpora fuentes oficiales ni reconoce las particularidades normativas del país.
Venezuela tiene derecho a ser evaluada desde su propio marco constitucional y por medio de indicadores transparentes y verificables, no a través de percepciones estadísticas construidas a distancia. Defender la soberanía jurídica es también defender la verdad institucional y la independencia de nuestro modelo de justicia.
La credibilidad del Estado de Derecho no depende de la posición en un ranking, sino de la capacidad de sus órganos para cumplir la ley, garantizar derechos y sostener, día a día, la vigencia de la justicia en la República.
Texto: Abogado Juan Pablo Montiel Almeida
@juanpablomontielalmeida
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