El gobierno de Ecuador decidió el viernes 23 de agosto, otorgar una amnistía migratoria y establecer un nuevo proceso de regularización para venezolanos y sus familias que se encuentren en el país, y que cuenten con un certificado de permanencia migratoria caducado o que aún no hayan obtenido un visado especial.
¿Qué significa esto?
Los beneficiarios deben haber realizado el proceso de Registro de Permanencia Migratoria activado en junio de 2022, contar con el certificado aunque esté caducado y no haber obtenido el Visado de Residencia Temporal de Excepción (Virte II), emitido en un anterior proceso de legalización de migrantes venezolanos.
El Ministerio del Interior ecuatoriano deberá renovar los certificados y las autorizaciones de permanencia, con el fin de avalar que los beneficiarios puedan acceder al visado Virte II renovado.
El proceso de regularización tendrá duración de 8 meses y el formulario de la solicitud para el registro será gratuito, pero los migrantes venezolanos deberán cubrir el valor del visado y de la cédula de ciudadanía (carnet de identidad) emitido por la entidad respectiva, señala el decreto ejecutivo.
El Virte II tendrá vigencia de dos años y podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo período, sin perjudicar el hecho de que el solicitante pueda cambiar en ese período su estatus migratorio.
El decreto ordena al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) apoyar el proceso de regularización y reforzar la amnistía migratoria para niños y adolescentes venezolanos que estén «solos, no acompañados o separados».
En el proceso, las instituciones ecuatorianas involucradas deben aceptar documentos de identidad o pasaportes de los solicitantes que tengan hasta cinco años de vencimiento.
En el proceso, el Ministerio del Interior y la Dirección de Inteligencia de la Policía evaluarán el perfil de «riesgo o amenaza a la seguridad pública» de los solicitantes.
Las carteras de Estado y otras entidades involucradas en este proceso tendrán entre uno y dos meses para dictar las normativas secundarias destinadas a la aplicación cabal de la amnistía y el proceso de regularización, agrega el decreto.
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