El juez federal de Estados Unidos Randolph Moss ordenó el decomiso definitivo del avión venezolano que está secuestrado desde el 6 de junio en el aeropuerto de Ezeiza, cuando aterrizó con 19 tripulantes iraníes y venezolanos que fueron investigados bajo la sospecha de que se dedicaban al espionaje o a actividades de apoyo al terrorismo.
El juez Moss, dijeron fuentes cercanas al caso, actuó a pedido del fiscal de Washington Rajbir Datta -como publicó el martes LA NACION-, que viene reclamando que envíen la aeronave a Estados Unidos porque consideran que se violó la ley norteamericana cuando el avión fue vendido en violación de una ley norteamericana que prohíbe negociar bienes norteamericanos con empresas listadas como sospechosas de terrorismo.
La entrega de la aeronave a Estados Unidos es una decisión política del Estado argentino, que debe resolver si hace lugar al reclamo norteamericano o si elige no pelearse con el gobierno de Venezuela y eventualmente el de Irán, que observa el desarrollo de las acciones.
El juez Moss escribió en dos páginas y media que el 20 de octubre de 2022 Estados Unidos presentó una demanda verificada por decomiso de la una aeronave Boeing 747-300 de origen estadounidense, con el número de cola YV-3531 y el número de serie del fabricante 23413.
“Sentencia en rebeldía”
La aeronave, dijo, está sujeta a decomiso porque se exportó de Irán a Venezuela y de Irán a Rusia sin la autorización del gobierno de EE UU y en violación de las normas del Departamento de Comercio de EE UU que rigen la exportación y reexportación de productos de origen estadounidense.
En su tribunal, dijo el juez, hay una moción de la Fiscalía de “sentencia en rebeldía” y una orden final de decomiso. Enumeró el juez Moss los pasos realizados en su causa, que avisó a la Argentina, a Emtrasur, a Venezuela en su embajada en Washington y que publicó en un sitio oficial de decomiso del gobierno en Internet el 15 de noviembre de 2022 durante 30 días consecutivos.
Todas las personas interesadas en la propiedad del avión debían presentar sus reclamos al menos 35 días después de que se envió la notificación, o a más tardar 60 días después del primer día de publicación en el sitio oficial de decomiso del gobierno en Internet.
El juez explicó que “un tratado entre Estados Unidos y Argentina rige la asistencia judicial recíproca en asuntos penales y exige que el estado requerido [Argentina] hará todo lo posible para efectuar la notificación de cualquier documento relacionado o que forme parte de cualquier solicitud de asistencia realizada por el Estado requirente [EE UU] en virtud del disposiciones de este tratado”.
El juez concluyó con que “se ordena que se dicte sentencia en rebeldía contra la Empresa de Transporte Adrocargo del Sur, S.A. (‘Emtrasur’) y todas las personas o entidades que reclamen un interés en la Propiedad Demandada” y que la la Aeronave Boeing 747-300 con el número de cola YV-3531 y el número de serie del fabricante 23413, “será confiscada a Estados Unidos de América”. Además, “se ordena que los bienes demandados se dispondrán de acuerdo con ley” y que “no se requiere ninguna acción adicional en este asunto”.
El gobierno de Estados Unidos ya envió exhortos sobre la aeronave. En uno pidió el secuestro. El Ministerio de Justicia lo envió en el acto al juez Federico Villena, de Lomas de Zamora, que hizo lugar a la solicitud, en coincidencia con el dictamen de la fiscal Cecilia Incardona.
«Favorecer a Venezuela»
Luego, a finales de año, Estados Unidos envió un segundo oficio en el que directamente pidió el decomiso para que puedan llevarse el aparato. Pero el Ministerio de Justicia recibió el exhorto y pidió datos adicionales y aclaraciones. Retiene el oficio desde hace más de seis meses sin darle intervención al juez Villena para que decida.
“Hay un claro componente político en la decisión de retener el exhorto. No le quieren dar el avión a Estados Unidos porque se trata de favorecer a Venezuela”, dijo a LA NACION una fuente que es parte en la controversia.
Ahora hay que ver si sucede lo mismo con este nuevo oficio del juez Moss cuando llegue a Argentina. El acuerdo de cooperación judicial internacional entre Argentina y Estados Unidos es de 1991 y establece que es el Ministerio de Justicia el organismo que tramita las solicitudes, no la Cancillería, como ocurre con todos los demás países. El Ministerio de Justicia tiene la decisión política de tramitar ese pedido o no. Por reciprocidad, cuando Argentina le pide colaboración a Estados Unidos, también la secretaria de Justicia se reserva esa facultad.
Se trata de un avión de carga Boeing 747-300, cuya incautación fue emitida por la corte de distrito de Columbia el 19 de julio. En esa ocasión, el Ministerio de Justicia se allanó de inmediato, recibió el pedido del juez de Washington Michael Harvey y lo reenvió al juez Villena.
Con información de La Nación
