El abogado zuliano Juan Pablo Montiel puso al descubierto hechos de corrupción en la estatal Carbones del Zulia, (Carbozulia), durante la gestión de Francisco Javier Aguilera Castro, quien estuvo al frente de la referida corporación desde 2018 hasta 2022. En consecuencia, el jurista acudió a la sede del Ministerio Público, en Maracaibo, para formalizar la denuncia, debidamente soportada.
Las irregularidades detectadas, que involucran la contratación de empresas de maletín para las labores de extracción y transporte de carbón desde Mina Norte y Paso Diablo, habrían significado pérdidas para la nación, estimadas en cien millones de dólares. Se presume que existan conexiones entre estos hechos y las tramas de corrupción detectadas en Pdvsa.
Juan Pablo Montiel, actuando de manera independiente, puso en conocimiento de las autoridades las actuaciones enmarcadas en lo que definió como un “entramado de corrupción, cuyo principal responsable es el ciudadano Francisco Javier Aguilera Castro, expresidente de la estatal Carbones del Zulia”.
"Se transgredió la ley"
Durante su exposición a los medios de comunicación, estuvo en compañía del también abogado José Ignacio Batista. A su llegada a la sede del Ministerio Público, se hicieron presentes representantes de comunidades aledañas a la mina Paso Diablo, ubicada en el municipio Mara, la cual es operada por Carbozulia.
De acuerdo a la denuncia presentada por el abogado Montiel, el expresidente de Carbozulia abusando del ejercicio de sus funciones, incumplió con las responsabilidades inherentes a su cargo y transgredió la ley.
“Suscribió contratos para la explotación de la actividad carbonífera en el estado, con empresas inexistentes jurídicamente y sin la exigencia de garantías o fianzas, que le garantizasen al Estado el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas”, detalló.
En las contrataciones de servicio y ejecución de labores para la explotación minera tampoco se previeron los eventuales daños o perjuicios causados a la nación.
Empresas contratadas por Aguilera desconocieron sus obligaciones con el Estado
Se pudo conocer que Operaciones Mineras y Servicios Lacustres es el nombre de una de las empresas incursas en irregularidades. Queda en manos de la Fiscalía General de la República determinar qué otras estarían relacionadas con hechos dolosos.
“Una de estas empresas, luego de culminar anticipadamente el régimen contractual aplicable, procedió a convocar un proceso de liquidación, cuyo objetivo principal es el cese de las operaciones y el desconocimiento a las obligaciones con el Estado y a los particulares vinculados a la misma”, informó Montiel.
Agregó que al hacerle seguimiento a lo que fue la gestión de Aguilera al frente de Carbozulia, se evidenciaron desequilibrios operacionales y financieros a favor de las empresas contratistas, en perjuicio de la nación.
Facturaron a Carbozulia un millón de dólares mensuales durante tres años y no tenían ni equipos
Entre otros aspectos, resalta el suministro de activos, derechos de comercialización de productos carboníferos y la aplicación de tarifas para beneficiar a las referidas empresas. En tal sentido, se generó un volumen de facturación superior al millón de dólares mensuales, por un período de tres años y medio, sin ningún beneficio para el país.
Las empresas con las cuales contrató Carbozulia, durante la presidencia de Aguilera, además de no estar ajustadas al marco jurídico, hicieron uso de maquinarias, propiedad de terceros, que estaban bajo la custodia de la estatal, se lucraron de ellas, para finalmente dejarlas en franco deterioro.
“No entendemos cómo este ciudadano avaló o no verificó tales contrataciones leoninas con empresas fallidas, carentes de responsabilidad jurídica, que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas”, manifestó el abogado.
Agregó que “las operaciones carboníferas afectaron severamente el medio ambiente de los sitios donde se desarrollaron, así como a los pobladores de la zona, mayormente comunidades indígenas, que en modo alguno vieron mejorada su condición socioeconómica, como consecuencia de la explotación minera realizada a sus espaldas”.
Minas Paso Diablo y Norte, en estado deplorable
El abogado Juan Pablo Montiel instó al Fiscal de la República, al Contralor General, y demás autoridades con competencia, a realizar una visita técnica operacional a las minas Norte y Paso Diablo, con la finalidad de constatar “el estado deplorable en el que se encuentran las mismas, así como los activos operacionales que estuvieron bajo la administración y responsabilidad de Carbozulia”.
Al referirse al panorama actual, Montiel explicó que el país, aunado a las pérdidas sufridas por la disminución de la producción carbonífera, “se ve en la imperiosa necesidad de iniciar un proceso de reactivación de estas minas, lo cual implica inversiones y costos que, de no haber sido por el incumplimiento y destrucción de las minas y los activos operacionales, la situación sería totalmente diferente”.
Venezuela perdió espacios comerciales y sufre en estos momentos la inexistencia de ingresos derivados de la comercialización internacional de productos carboníferos.
Deben investigar y castigar a los responsables
Finalmente, Montiel exhortó al Ministerio Público a realizar una investigación exhaustiva, a establecer responsabilidades y la aplicación de las sanciones que a que hubiese lugar, tomando en cuenta que se afectó el patrimonio de la República.
De igual manera, solicitó que se aplique el procedimiento contemplado en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, sobre los bienes de los involucrados y relacionados, quienes – aseveró – incrementaron de forma desmedida su patrimonio, a partir de estos actos de corrupción.
F Reyes
Fotos: Xiomara Solano
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