María Briceño
En un encuentro reciente, Gustavo García, vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, y Nancy Hernández, de Fenasopadres, han expresado su acuerdo en que las instituciones educativas, al ser entidades sin ánimo de lucro, no deberían estar sujetas al nuevo tributo del 9 por ciento, destinado a pensionados.
Hernández ha señalado que este impuesto infringe el derecho a la educación pública y ha advertido sobre el riesgo de cierre de colegios privados incapaces de asumir este coste adicional. Según sus declaraciones, el tributo, que podría sumar unos 30 mil dólares anuales, no se traduciría en beneficios para el personal docente.
Por su parte, García ha informado que se han realizado peticiones al Seniat para excluir al sector educativo de este tributo, argumentando que las instituciones educativas, centradas en la prestación de servicios, destinan la mayoría de sus gastos a remuneraciones y que la imposición de este impuesto resulta excesiva.
Ha enfatizado que cualquier intento de compensar este tributo mediante el aumento de matrículas sería contraproducente y podría derivar en la precarización laboral y la crisis de pagos.
Ambos representantes han coincidido en que, de ser necesario realizar el aporte, un incremento del 4 o 5 por ciento, en las matrículas sería suficiente para cubrirlo, dada la estructura de costos actual de las instituciones educativas.
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