Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos quedarán desde la medianoche de este viernes desamparados luego de que venza el Estatus de Protección Temporal (TPS), medida humanitaria que expirará tras un fallo de la Corte Suprema y la decisión del gobierno de Donald Trump.
El fin del programa dejará a miles de familias en un limbo legal y con temor a ser deportadas. “Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria. En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación”, dijo a CNN el abogado migratorio Haim Vásquez.
De acuerdo con estimaciones oficiales, cerca de 350.000 venezolanos ya habían perdido su amparo semanas atrás, y ahora el resto de los beneficiarios originales de 2021 afrontan el mismo escenario. En su portal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE UU (USCIS) fue claro: “Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.
Pese al vencimiento, el abogado Vásquez aclara que aún hay un grupo reducido con protección temporal hasta 2026. “Hay un poco de incertidumbre”, señaló, porque el USCIS prorrogó la validez de la documentación solo para “un pequeño grupo que presentó su renovación entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025”, cuyos permisos de trabajo seguirán vigentes hasta octubre de 2026.
Fin del TPS
“Son unos pocos miles”, estimó Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, organización que asesora a migrantes. La activista contó que recibe mensajes diarios de familias angustiadas.
“Es una situación de terror, vivir en un estado de ansiedad y de nervios, muy difícil de describir. Las personas están en un estado de desesperación para obtener algún tipo de legalidad”, afirmó.
Aunque existen litigios sobre el TPS que siguen en revisión judicial, los procesos suelen durar meses o años, y la mayoría de los migrantes no puede esperar. Solicitar asilo político es una opción para algunos, pero Vásquez advierte que “no son tantos quienes cumplen las condiciones” establecidas en la ley, que exige probar persecución o temor fundado por motivos políticos o sociales. Además, recuerda que las autoridades han endurecido los criterios: el gobierno de Trump ordenó a los jueces desestimar los casos de asilo que consideren “deficientes”.
Muchos migrantes, además, no solicitaron asilo al ingresar al país o lo hicieron años después, lo que complica su situación. Aunque podrían alegar que las circunstancias en Venezuela cambiaron, ese argumento choca con la versión oficial de Washington.
Venezuela fue incluida en el TPS en 2021 por las “condiciones extraordinarias y temporales” que impedían el retorno seguro de ciudadanos. Pero este año la administración Trump consideró que “aunque ciertas condiciones puedan continuar”, el país mostró “notables mejoras en varias áreas”.
Sin el TPS, los venezolanos pierden automáticamente permisos laborales, licencias de conducir y acceso a servicios básicos. “Al momento de perder el estatus, pierden la oportunidad de trabajar legalmente, de mantener un documento de identificación, como la licencia de conducir, y otros tipos de beneficios como poder estudiar, obtener créditos”, explicó Vásquez.
“Se trata de personas, no de papeles”
Ferro considera que la medida trasciende los documentos. “No se arraiga una licencia, sino la libertad de conducir, de la vida. Se trata de personas”, manifestó.
Desde finales de octubre, muchas empresas comenzaron a despedir a empleados venezolanos sin estatus. “Los están despidiendo antes, para un empleador no es rentable saber que en una semana se queda sin empleados”, indicó Ferro. La pérdida de trabajos ha provocado que muchos no puedan cumplir con créditos, hipotecas o seguros médicos. “Las personas que habían comprado casas están viendo qué hacen con préstamos bancarios. En general es una situación absolutamente desesperada, multiplica eso por decenas de miles de casos, hay gente con crisis nerviosa”, añadió.
La activista también alertó sobre el riesgo de separación familiar: padres que podrían ser deportados mientras sus hijos, nacidos en EEUU, permanecen en el país. “Son familias literalmente arrancadas de la manera más brutal”, dijo.
Aunque algunos contemplan regresar, la mayoría lo descarta mientras Nicolás Maduro siga en el poder. “Hay muchos que han sido perseguidos políticos, están aterrorizados, podría significar desaparecer a manos del régimen”, advirtió Ferro.
El gobierno estadounidense ofrece incentivo de 1.000 dólares para quienes opten por el retorno voluntario, aunque Vásquez señaló que ha conocido casos en los que ese pago nunca se concretó.
“Cualquier persona que tenga en mente salir del país debe hablar con un abogado de inmigración para tomar decisiones que no afecten su futuro y preserven las oportunidades de volver (a EE UU)”, recomendó el abogado.
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