El gobierno de Donald Trump volvió a llevar este viernes a la Corte Suprema el caso de su orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento, pidiendo en esta ocasión al máximo tribunal que revise la constitucionalidad de su medida, según reporta NBC News.
Esto se produce tras la decisión de la Corte Suprema en junio que limitó el alcance de las medidas cautelares a nivel nacional que bloqueaban la orden. Hay dos apelaciones diferentes, una derivada de una demanda presentada por el estado de Washington y otros estados, y otra de New Hampshire presentada por demandantes individuales representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que podrían verse afectados por la orden.
No se trata de solicitudes de emergencia que la corte vaya a tramitar con rapidez. Son apelaciones ordinarias que podrían tardar meses en resolverse, probablemente después de que el tribunal acepte conocer los casos y celebre las audiencias orales.
Estas apelaciones aún no se han registrado oficialmente en el tribunal. NBC News las ha obtenido de la Fiscalía General del estado de Washington y de la ACLU.
Al menos tres jueces federales han fallado en contra del intento del mandatario republicano para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas indocumentadas y de migrantes con visados temporales, que contradice la Enmienda 14 de la Constitución de 1868, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos es considerada ciudadana.
Los estados —Washington, Arizona, Illinois y Oregon— argumentan que la orden ejecutiva ignora el lenguaje claro de la cláusula de ciudadanía, así como un caso histórico de ciudadanía por nacimiento en 1898, en el que la Corte Suprema determinó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano en virtud de su nacimiento en suelo estadounidense.
A pesar de que desde hace más de un siglo se entiende que la Enmienda 14 confiere la ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos, la Administración Trump alegó ante la Corte Suprema en una apelación que esa idea era “errónea” y que se había convertido en “omnipresente, con consecuencias destructivas”.
“Las decisiones del tribunal inferior invalidaron una política de suma importancia para el presidente y su Administración de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza”, escribió el fiscal general D. John Sauer, el principal abogado de apelación de la Administración. “Esas decisiones otorgan, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no reúnen los requisitos”.
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Noticia al Día/Información de Telemundo
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