El cambio de postura de Donald Trump hacia los inmigrantes venezolanos ha dado un vuelco de 180 grados en los últimos cuatro años. Poco antes de abandonar la Casa Blanca en 2021, el republicano firmó una orden ejecutiva para protegerlos de la deportación, pero la orden ejecutiva firmada esta semana por su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que pone fin a la extensión del Estatus de Protección Especial (TPS, por sus siglas en inglés) para una comunidad de alrededor de 600.000 personas de Venezuela. La retirada de la extensión, decretada por la Administración de Biden días antes de la investidura de Trump, podría terminar disputándose en los tribunales.
“Seguramente habrá una demanda en contra de la decisión porque existen argumentos muy fuertes que impiden a Trump deshacer lo que ya hizo su antecesor. Los venezolanos con TPS tienen una base muy fuerte para seguir aquí con su permiso de trabajo. Trump puede decir una cosa, pero eso no quiere decir que sea lo que vaya a suceder”, explica Matt Adams, director legal de Northwest Immigrant Rights Project, para Telemundo. El republicano ya había intentado eliminar el TPS de varios países como El Salvador, Haití y Sudán, durante su primer mandato, pero sus intenciones fueron bloqueadas por la corte.
En este sentido, cualquier acción judicial contra la medida anunciada por la secretaria Noem deberá esperar el plazo (5 de febrero) para que la funcionaria confirme su decisión, la cambie o establezca nuevas condiciones.
El TPS de los venezolanos había sido extendido tres veces antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. La primera de ellas les permitió permanecer en el país hasta marzo de 2024. La segunda, hasta abril y septiembre de 2025, dependiendo de la fecha en la que fueron sumados al programa; y la tercera (ahora anulada) les garantizaba estancia legal hasta el 2 de octubre de 2026. Sin embargo, no todo está perdido para los afectados con esta decisión de la nueva Administración.
Miles de los 600.000 venezolanos que cuentan con TPS también poseen solicitudes de asilo aceptadas por las autoridades migratorias que les garantizan un estatus legal en Estados Unidos. Incluso, la Administración Biden amplió de dos a cinco años la vigencia de las autorizaciones laborales de inmigrantes con estatus de asilo, en septiembre de 2023, con el objetivo de reducir significativamente el número de nuevos formularios que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés), recibiría en el futuro. Es así como muchos venezolanos ostentan permisos de trabajo hasta el 2028.
Para todos aquellos que solo contaban con TPS, el asilo figura como el plan A, pero los tiempos de respuesta se han dilatado, y sin la recepción del trámite por parte de las autoridades no pueden contar con la residencia temporal y el permiso de trabajo. Por otro lado, si contrajeron matrimonio con un ciudadano estadounidense o si cuentan con una oferta laboral, pueden tramitar algún tipo de residencia, siempre y cuando hayan entrado legalmente al país. Los venezolanos que ingresaron de forma irregular podrían enfrentar inconvenientes en su cambio de estatus.
¿Qué pasará con los permisos de trabajo de los que perderán el TPS?
Los permisos de trabajo otorgados seguirán vigentes por el momento. “Lo estarán hasta que una corte determine si esta acción es legal o no. La Administración de Trump va a tratar de decir que todo queda anulado inmediatamente, pero estoy seguro de que al mismo tiempo se introducirán demandas judiciales que denuncien la medida como inconstitucional. Estos inmigrantes ya han hecho sus planes con el apoyo del Gobierno norteamericano, que les ha dado la seguridad de que estarían aquí 18 meses más, y esta acción unilateral, sin que haya habido un cambio de condiciones en Venezuela, está fuera de la Constitución”, afirma el abogado constitucionalista Rafael Peñalver.
Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva del National Inmigration Forum, Jennie Murray, ha denunciado que esta medida amenaza la protección y la autorización de trabajo de cientos de miles de venezolanos. “Estamos hablando de miles de personas que actualmente están contribuyendo y trabajando legalmente. La secretaria Noem debería extender las protecciones para los venezolanos y brindar certeza a las comunidades y empresas estadounidenses”, expresó la representante de la organización defensora de los derechos de los inmigrantes. Las organizaciones de la sociedad civil estarían esperando la confirmación de la decisión para proceder judicialmente.
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Noticia al Día/Información de El País
