El abogado de Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, examante del rey emérito de España, acusó a Juan Carlos de intentar "evitar un juicio inevitable", defendiendo el jueves que su demanda por acoso puede ser juzgada en Inglaterra e incluir actos previos a su abdicación.
Esta danesa de 58 años, que mantuvo una relación con el entonces monarca entre 2004 y 2009, presentó una demanda civil en 2020 en Londres, que todavía se encuentra en fases previas al inicio de un eventual juicio.
La empresaria, divorciada de un príncipe alemán, utiliza el apellido de éste pero es también conocida por su nombre de soltera, Corinna Larsen.
El padre del actual rey de España, de 85 años, niega "enfáticamente" haberla sometido a amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación entre 2012 y 2020 con el objetivo de recuperar 65 millones de euros (73 millones de dólares) que le había regalado.
Pero sus sucesivos abogados -ha cambiado dos veces de gabinete jurídico en este caso- buscan desde hace dos años impedir que un tribunal británico juzgue el fondo de la causa.
Tras obtener en diciembre que el Tribunal de Apelaciones de Londres reconociese la "inmunidad" de Juan Carlos hasta su abdicación en 2014 en favor de Felipe VI, en los últimos días argumentaron que la querella no tiene base y ni jurisdicción en Inglaterra.
Es "un amplio intento de evitar un juicio inevitable", fustigó el abogado de la empresaria danesa, Jonathan Caplan, quien el jueves desmontó una a una las objeciones del exrey.
El defensor de Juan Carlos, Adam Wolanski, afirmó durante los dos primeros de los cuatro días de vistas previas, que los actos denunciados por Larsen, desde presiones para asistir a fiestas hasta vigilancia y ataques a su reputación, "no son acoso".
Pero Caplan aseguró el jueves que "los actos están vinculados, de manera que la totalidad puede ser considerada como una línea de conducta" de "un hombre poderoso contra una mujer sola", buscando "obtener el control de la demandante y el dinero regalado".
"Lesiones psicológicas, angustia y otros daños mentales"
"Vigilancia encubierta", "acecho", "persecución en la prensa", "publicación de informaciones difamatorias", "emails siniestros", "llamadas telefónicas amenazantes" son, entre otras cuestiones, actos que individualmente la justicia británica ya aceptó en otros casos como "acoso", afirmó Caplan.
Defendió asimismo que, contra la opinión de Wolanksi, la ley británica de Protección contra el Acoso (Protection from Harassment Act, PHA) puede aplicarse a toda la línea de conducta pese a que algunos de sus actos no hayan ocurrido en territorio británico.
Argumentó también que si los actos anteriores a la abdicación no pueden ser juzgados por la justicia británica, sí pueden incluirse en la demanda como "contexto".
"El Tribunal de Apelaciones no dijo que no se puedan utilizar esos pasajes para otros fines" diferentes de la responsabilidad legal, afirmó.
Algunas cuestiones previas a la abdicación, como la entrega del "regalo" de 65 millones de euros en 2012, son necesarias en el contexto "para determinar si lo que pasó después fue instigado por el Rey", aseguró.
Entrando en cuestiones más técnicas, su colega Andrew Green acusó, por su parte, al equipo legal del exmonarca de haber incurrido en "abuso de procedimiento" por el modo y el momento en que presentaron algunos de sus requerimientos judiciales.
En términos de jurisdicción, argumentó que "el daño directo se produjo en Inglaterra, porque es aquí donde la demandante sufrió lesiones psicológicas, angustia y otros daños mentales".
La jueza Rowena Collins Rice, de la Alta Corte de Londres, deberá fallar sobre estas cuestiones previas para determinar si el caso va o no a juicio. Su decisión, prevista tras el receso estival, podrá ser recurrida ante el Tribunal de Apelaciones.
AFP
