El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció que desde este jueves la central nuclear de Fukushima Daiichi comenzará a verter las aguas radiactivas tratadas tras el accidente que sufrió en 2011 en el océano Pacífico, sin embargo, esta noticia ha sembrado la polémica por sus posibles efectos en la salud.
La operación cuenta con el aprobado del Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, Tokio asegura que será seguro para el medio ambiente y la salud humana.
El plan consiste en verter más de 1,3 millones de toneladas de agua de forma muy gradual, utilizando agua de lluvia, aguas subterráneas y las inyecciones necesarias para enfriar los núcleos de los reactores que se fundieron tras el tsunami de marzo de 2011 que devastó la costa noreste del país.
Esta agua ha sido pretratada para librarla de sustancias radiactivas, a excepción del tritio, que no puede eliminarse con las tecnologías existentes.
Según los expertos, sólo las dosis muy concentradas de tritio son perjudiciales para la salud.
Por ello, Tepco, la operadora de la central de Fukushima, tiene previsto verter un máximo de 500 000 litros diarios al océano hasta principios de la década de 2050, con una dilución que reduzca el nivel de radiactividad del agua tritiada muy por debajo de las normas nacionales para esta categoría.
La industria pesquera japonesa teme que el proyecto repercuta negativamente en la imagen de sus productos. "Nuestra postura no ha cambiado, seguimos oponiéndonos al vertido de agua", declaró el lunes Masanobu Sakamoto, representante de la industria pesquera japonesa, tras una reunión con Kishida.
"Le dije que la seguridad científica no equivale necesariamente a una sensación de seguridad en la sociedad. Existe el temor de que se dañe la reputación de los productos" una vez iniciado el rechazo, añadió.
China ha criticado este plan, y el mes pasado prohibió la importación de alimentos de diez condados japoneses, entre ellos Fukushima.
La medida ha provocado además la reacción de los grupos antinucleares, que ya se encuentran protestando ante la residencia del primer ministro nipón, Fumio Kishida.
Por ello, ciudadanos opuestos a la medida se han reunido frente a la residencia oficial de Kishida, para criticar que el vertido supone una "carga" para el futuro. "Los vertidos en el océano dejarán una carga para las generaciones futuras", aseguran quienes se oponen a la medida.
Con información de AFP
