La palanca de las sanciones de Estados Unidos ha graduado el último tramo del conflicto político venezolano. Después de revocar hace dos semanas una de las licencias petroleras dadas en el marco del Acuerdo de Barbados, por señalar incumplimientos de parte del Gobierno venezolano, el subsecretario de Estado para Occidente, Brian Nichols, declaró esta semana que están recalibrando las posiciones tras la admisión de la candidatura de Edmundo González Urrutia, en el tercer intento de la oposición por inscribir un nombre para participar en las elecciones presidenciales, y los pasos dados para concretar la observación electoral de la Unión Europea y el Centro Carter.
En un editorial publicado en Voz de América, el funcionario estadounidense dijo: “Nos vimos obligados a suspender la Licencia General 44 sobre petróleo y gas, emitiendo una nueva licencia, la Licencia General 44A, que proporciona un período de liquidación de 45 días”.
Más adelante añadió: “También seguimos muy comprometidos con el proceso de apoyar unas elecciones competitivas. La selección de un candidato opositor unificado como Edmundo González Urrutia y su aceptación por parte de las autoridades electorales en Venezuela es un paso positivo muy importante”, afirmó. “Esperamos ver otros pasos positivos continuos y seguimos abiertos a corresponder esos pasos positivos en el futuro”.
La revocatoria de la Licencia General 44 no significó un retroceso total al escenario de mayor cerco para Venezuela. Estados Unidos dio un plazo hasta finales de mayo para que las empresas que iniciaron negocios con la petrolera estatal PDVSA cierren las transacciones en proceso y abrió el camino a la aprobación de licencias específicas para cada empresa que quiera continuar operando en Venezuela.
Pero la presión fue suficiente para que el chavismo desistiera del bloqueo a la inscripción de una tercera candidatura unitaria de la oposición. Al menos en las formas institucionales, el Gobierno replegó su estrategia. Maduro también desestimó la presión de Washington. “No hay sanción, no hay amenaza que, hoy por hoy, le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo, porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la unión que tenemos”, declaró cuando se echó para atrás la licencia tras seis meses de estar activa.
En el discurso, los funcionarios venezolanos han asegurado que están preparados para vivir con sanciones. A la par han emprendido una fuerte campaña contra las medidas como parte de la narrativa contra la oposición.
En Caracas se han desplegado vallas en las autopistas con mensajes que responsabilizan a quienes adversan al Gobierno por la crisis del país, algunas incluso con la cara de Machado y Leopoldo López, acusándolos de haber pedido sanciones a las que el Gobierno atribuye la única causa de la debacle económica del país petrolero, aunque la caída comenzó mucho antes de que se impusieran estas medidas. La tarde de este miércoles, en la marcha por el Día del Trabajador, Maduro pidió a la multitud corear con él la frase en inglés: “Biden, lift sanctions now” (Biden, levante las sanciones ya).
En este año electoral, tanto para Venezuela como para Estados Unidos, la cuerda se tensa y destensa según los movimientos de cada país, que van más allá de las negociaciones formales entre el chavismo y la oposición.
El tema migratorio es crucial para la política interna de Estados Unidos y son los venezolanos los que están encabezando las listas de nacionalidades que ejercen presión en la frontera estadounidense. Para el oficialismo era crucial un alivio de sanciones para incrementar el gasto público en la carrera al 28 de julio en un escenario de malestar social por los bajos salarios y caída del consumo. Por eso, en tres meses que quedan para las elecciones en Venezuela la palanca de las sanciones podría volver a moverse.
El País de España
