Este martes 25 de marzo, la Administración de Donald Trump, ha pausado el proceso de residencia permanente, conocido como green card (tarjeta verde) para migrantes refugiados y asilados que la hayan solicitado en los últimos años.
Washington justifica la medida argumentando que muchos fraudes se han cometido durante la solicitud de la residencia. El freno a un largo trámite que puede tardar años, deja en un limbo legal a quienes lo solicitaron y se suma a la zozobra que ha dejado la ofensiva del Gobierno federal contra los migrantes, muchos de ellos con estatus legal.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS por las siglas en inglés, notificó recientemente a sus empleados que deben pausar hasta nuevo aviso todo proceso que haya sido iniciado por inmigrantes que arribaron al territorio estadounidense en calidad de refugiados o gracias al asilo.
USCIS considera este freno un “ajuste de estatus“. “Algunas solicitudes pendientes serán sometidas a una revisión más exhaustiva para identificar potenciales fraudes, amenazas a la seguridad pública o a la seguridad nacional”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado dirigido a la CBS.
La institución encabezada por Kirsti Noem asegura que estos procesos fueron laxos durante la presidencia de Joe Biden. Pero las cifras no acompañan estos dichos.
Las autoridades dieron la nacionalidad (un proceso distinto a la tarjeta verde) a 875 mil nuevos ciudadanos durante el primer año del mandatario demócrata. La cifra representaba un 9 por ciento, menos comparado con los 969.000 que fueron naturalizados en el año fiscal 2022, el que más nuevos estadounidenses registró en una década. El número no cambió durante el 2024, el último de Biden en la Casa Blanca.
Desde su retorno a la Casa Blanca Trump instruyó a todo el Ejecutivo, mediante un par de memorandos, a incrementar la vigilancia en los trámites de inmigración al país, desde la expedición de los visados temporales hasta la green card.
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Noticia al Día con información de El País
