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Corte Penal Internacional envía a juicio a Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad

La Corte Penal Internacional (CPI) ha dado un paso decisivo en la rendición de cuentas global al confirmar de manera unánime que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, será juzgado por crímenes de lesa humanidad.

El tribunal anunció que los jueces de instrucción ratificaron todos los cargos presentados contra el mandatario de 81 años, remitiéndolo formalmente a juicio por las atrocidades cometidas durante su controvertida «guerra contra el narcotráfico».

Duterte enfrenta tres cargos específicos por crímenes de lesa humanidad, los cuales incluyen su presunta implicación directa en al menos 76 asesinatos. No obstante, la fiscalía del tribunal con sede en La Haya ha aclarado que estos casos constituyen apenas una «fracción emblemática» de la violencia desatada bajo su mandato.

Según diversos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, la cifra real de víctimas mortales podría elevarse a varios miles de personas.El proceso judicial avanza tras meses de tensiones diplomáticas y legales.

Cabe recordar que, en marzo de 2025, el propio Duterte compareció ante la Corte denunciando haber sido «secuestrado», y más recientemente, en septiembre del mismo año, su defensa solicitó la libertad provisional alegando motivos de salud. Sin embargo, la decisión unánime de los jueces refuerza la jurisdicción de la CPI sobre los hechos ocurridos mientras Filipinas era Estado miembro del Estatuto de Roma.

La noticia del juicio contra Duterte coincide con un panorama global convulso reflejado en la prensa internacional este 23 de abril de 2026. Mientras en Manila se registran protestas contra la intervención de las potencias occidentales en otros conflictos, Amnistía Internacional ha calificado la situación actual de los derechos humanos como sombría, denunciando el «comportamiento depredador de los poderosos».

Con el inicio de este juicio, la comunidad internacional pone el foco en el archipiélago asiático para determinar la responsabilidad penal del hombre que gobernó con mano dura entre 2016 y 2022.

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