El Gobierno colombiano publicó este viernes el decreto que declara el estado de conmoción interior en varios municipios del noreste de Colombia, cinco días después de que el presidente Gustavo Petro lo anunciara ante la crisis que vive la región del Catatumbo por la ofensiva emprendida por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según el decreto de 19 páginas firmado por todo el gabinete, la conmoción interior durará 90 días y se extenderá a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los 11 del Catatumbo afectados por los enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las FARC; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar, que están recibiendo desplazados.
El Gobierno considera que «se presenta una perturbación extraordinaria del orden público en la región del Catatumbo, derivada de enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al ambiente».
Esto porque «el ELN ha escalado de manera imprevisible a una magnitud que desborda la capacidad ordinaria del Estado».
El Gobierno señala que «el ELN ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente, contra los firmantes del acuerdo final de paz en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con los recursos provenientes de las actividades y economías ilegales en esta región».
Se trata de una medida excepcional que, según la Constitución, el presidente puede decretar «en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía».
Con esta declaración, «el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos».
En el decreto se justifica la declaración, criticada por muchos sectores de Colombia, por el hecho de que ya se han recibido 41 cuerpos, aunque las autoridades cifran entre 60 y 80 los muertos por la violencia.
Y también porque la ofensiva armada ha dejado más de 36.000 desplazados, incluidas 700 personas diarias entre el 17 y el 19 de enero a Venezuela, y porque 395 personas han sido «extraídas» (retiradas de la zona), según se lee en el decreto, entre ellos 14 firmantes de paz y 17 de sus familiares.
Por otro lado, se sigue produciendo el confinamiento de más de 7.000 personas en Tibú, Teorama y San Calixto.
«Pese a la recuperación y protección de más de 500 personas civiles amenazadas de muerte por el ELN, aún se mantiene un número indeterminado de personas escondidas, confinadas y que no han logrado ser evacuadas del territorio de riesgo y no se cuenta con suficientes medios aéreos para cumplir con este objetivo», justificó el decreto.
Ahora, los diferentes ministerios expedirán en los próximos días una serie de decretos con medidas sectoriales para atender a la población de esta región de Colombia y ayudar a las autoridades locales, así como para ampliar la capacidad de enfrentar este problema de orden público.
Lee también: Colombia pide asistencia internacional para atender crisis de refugiados: Acogen más de 3 millones de venezolanos
Noticia al Día/Información de EFE
