En una carta dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno de El Salvador comunicó que considera que Estados Unidos mantiene el control y la responsabilidad legal sobre un grupo de ciudadanos venezolanos que fueron deportados desde territorio estadounidense y ahora se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una de las prisiones de máxima seguridad más notorias de América Latina.
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La admisión se hizo pública a través de documentos judiciales presentados este lunes por un equipo de abogados que representa a más de un centenar de migrantes venezolanos. Estos buscan, a través de la vía legal, revertir las deportaciones que los llevaron al Cecot. Este caso se enmarca en una serie de desafíos legales interpuestos contra las drásticas políticas migratorias implementadas durante la presidencia de Donald Trump.
En su comunicación oficial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, funcionarios del gobierno salvadoreño declararon de manera explícita que «la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre dichas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes», haciendo una clara alusión a las autoridades de Estados Unidos.
El traslado de los ciudadanos venezolanos a El Salvador se efectuó a mediados de marzo, en un movimiento que desafió una orden judicial previa en Estados Unidos que había suspendido los vuelos de deportación.
La administración Trump, por su parte, ha sostenido el argumento de que una vez que los migrantes se encuentran fuera de las fronteras estadounidenses, pierden la protección del debido proceso y otras garantías constitucionales del país.
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