El diputado a la Asamblea Nacional Vielma Mora acotó que todas las ordenanzas municipales en materia de impuestos y los decretos que hayan creado los concejos legislativos de los 23 estados «quedan derogados».
Una vez que la Ley de Armonización Tributaria sea publicada en Gaceta oficial, tendrán un lapso de 90 días «para poner todo en orden».
Afirmó que el Estado «está obligado» a revisar cada una de las tasas, alícuotas e impuestos que establezcan las alcaldías.
«No podemos dejar que se extienda o aumente las tasas o se inventen contribuciones especiales o impuestos que no están en la legislación«, dijo.
Señaló que tampoco pueden permitir la aplicación de «porcentajes exagerados que asfixian y evitan que la economía crezca en el país».
El parlamentario fue enfático el expresar que la Ley de Armonización Tributaria «no tocó todos los impuestos». El instrumento legal solo arropa los impuestos que los «empresarios, industriales y comerciantes explicaron que las alícuotas eran muy altas y que eran imposibles de pagar!”, reseña Unión Radio.
Las licencias de actividades de comercio pagarán un máximo de 3%; explotación de minas y canteras 0,5%, servicios de publicidad, ventas de joyas, fabricación de tabacos y sus derivados pagarán 6,5%.
Resaltó que el artículo 14 de la ley señala que todos los pagos se harán en bolívares de acuerdo a la moneda de mayor valor según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
Sobre los emprendedores, detalló que durante los próximos dos años van a pagar hasta el 1%, de acuerdo a lo que establezca el Consejo Superior de Armonización Tributaria.
Acotó que el instrumento posee varios atributos, entre ellos, eficiencia, equidad, beneficios a los contribuyentes y la intención de las autoridades de generar confianza.
«Gana el Estado, la alcaldía, las gobernaciones y gana el sujeto pasivo porque aligeramos la carga tributaria y evitamos una confiscación de bienes porque no puede pagar», añadió.
En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, comentó la elaboración del instrumento jurídico se llevó casi 14 meses.
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