María Corina Machado dijo: “Yo estoy dispuesta a negociar con Maduro su salida, no su quedada. No estoy dispuesta a negociar la cohabitación y la permanencia de estos individuos en el poder”. Y amenazó a Maduro diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso”. Y no hace mucho, los voceros del interinato sentenciaban que “lo único que negociarían con Maduro sería su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo.”
El liderazgo de la oposición que tiene la mayor opción de ganar las Presidenciales del 28-J ha acusado al gobierno de Maduro de dictadura, de narco-régimen y camarilla de delincuentes; de traidores a la patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje iraní y ruso; de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos terroristas cómo Hezbollah, FARC y ELN. Ese liderazgo radical ha aplaudido las recompensas que ofrece EEUU por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; ha solicitado sanciones económicas contra Venezuela; invocado la activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una intervención militar extranjera. Estas amenazas recrudecen el temor de quienes pueden perder el poder y no quieren quedar expuestos a una espiral de persecuciones, juicios y condenas. Amenazar al adversario y dejarlo sin salida lo puede forzar a atrincherarse y trancar el juego. Esa estrategia amenazante generó un clima psicológico muy tóxico que ha plagado de temores al oficialismo y sus seguidores que temen ser víctimas de una cacería de brujas.
En Venezuela se respira una necesidad de cambio en el mando político.
Recuperar la alternabilidad en el poder es un clamor nacional. Pero un cambio de gobierno no garantiza la gobernabilidad poselectoral lo que sigue es una ola de persecuciones, juicios y condenas contra el gobierno saliente y sus seguidores. La intransigencia excluyente recrudece los temores de quienes resisten a perder el poder y verse expuestos a los caza recompensas internacionales que irán por su captura, de los que están sancionados internacionalmente y no tienen para dónde irse, de los que están siendo investigados en la Corte Penal Internacional.
Pero también tienen miedo en los cargos medios y bajos de la administración pública que temen una cacería de brujas y una ola de despidos masivos de los funcionarios que formaron parte del gobierno anterior. Estos miedos hay que disiparlos y ofrecer garantías a los funcionarios públicos de que podrán ser ratificados en sus cargos a través de concursos de credenciales, con base en su formación académica, competencias técnicas y profesionales, y experiencia en el ejercicio del cargo.
Por si fuera poco, hay miedo los sectores más empobrecidos y vulnerables de la población venezolana que temen perder la bolsa de comida, los bonos monetarios que reciben a través del Carnet de la Patria, que se elimine la misión vivienda y otras misiones sociales que los benefician, así como otras medidas de protección social y subsidios que otorga el gobierno.
El manejo de las emociones en la gobernabilidad poselectoral
La gobernabilidad poselectoral requiere atender y manejar con mucha inteligencia y comprensión estas emociones y miedos. Esto implica pensar en las estrategias que harán posible el reencuentro y la paz en un país extenuado y exhausto por décadas de confrontación entre familiares, vecinos y socios que lo que menos quieren es que se recrudezcan viejos rencores. Pero si las élites políticas no interpretan adecuadamente este clamor nacional y desbordan sus afanes de venganza y ajustes de cuentas, la reconciliación nacional se puede tornar en un proceso muy largo y cada vez más complicado.
Pactar antes la coexistencia pacífica es lo que puede evitar que se desate una cacería de brujas contra el chavismo que, para defenderse de un ataque violento, puede responder de igual manera. Sus voceros lo han advertido una y otra vez: “esta es una revolución pacífica pero armada”. En la reserva militar hay miles de hombres armados como fuerza de choque para enfrentar cualquier persecución violenta.
Todo o nada
La solución del conflicto político venezolano no puede ser un juego suma cero donde el ganador se lo lleva todo y el perdedor lo pierde todo. En caso de un cambio en la Presidencia de la República, el nuevo presidente tendrá que coexistir con una AN, los demás poderes públicos y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías que se mantendrán bajo el control del gobierno saliente. Para poder gobernar, el nuevo mando político tendrá que reconocer y cohabitar con su adversario, y hacer posible la cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles de gobierno.
Los cambios políticos por sí mismos no garantizan que la situación económica y social mejore. Para corregir los graves desequilibrios que generan inflación, contraen la producción e impiden la creación de nuevos y mejores empleos, el próximo gobierno tendrá que aplicar drásticos correctivos que no suelen ser bien recibidos por los sectores más vulnerables que protestan cuando se recarga sobre el ingreso de los hogares el costo del ajuste, dando origen a una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, tal como ha pasado en otros países. Independientemente de quien resulte ganador, la viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral habrá que comenzar a construirla antes de la juramentación del Presidente que resulte electo en los comicios del 28-J. Lo que más conviene al interés nacional es que entre la fecha de las elecciones y la toma de posesión, el gobierno saliente y el gobierno entrante conformen un Gobierno de Enlace con la incorporación del ganador al Consejo de Ministros y/o en los gabinetes sectoriales del gobierno saliente; y, en caso de un cambio en el mando político, la incorporación durante el primer año del nuevo gobierno de quien pase a ser la oposición.
A través del Gobierno de Enlace se gestionará ante la comunidad internacional la eliminación inmediata de todas las sanciones económicas, la devolución de los activos de la República bloqueados en el exterior, el acceso a los Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI, la recuperación de las reservas del BCV que permanecen bloqueadas en el Banco de Inglaterra, la reestructuración y rebaja de la deuda externa, reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales y las nuevas inversiones extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar el aparato productivo. De esta forma, el gobierno entrante -en vez de heredar una bomba de tiempo económica y social-, recibirá una economía desbloqueada y en franca recuperación, sin tener que recargar los costos del ajuste sobre los sectores más vulnerables de la economía y la sociedad.
El punto, entonces, no es negociar la salida o la quedada sino la coexistencia. Un Pacto de Convivencia Pacífica con garantías de no persecución es lo que puede ofrecer una marco más amplio para que el gobierno y la oposición puedan seguir compitiendo por el poder en las Megaelecciones de 2025 sin verse como enemigos que buscan exterminarse. Hacer posible y transitable una ruta para reconciliación y reconstrucción nacional pasa por acordar los nuevos términos de la convivencia pacífica y democrática a través de un acuerdo político inclusivo en el que los actores en pugna se reconocen, respetan y coexisten en el mismo campo llamado Venezuela. Aquí cabemos todos.
