La presidenta encargada de la república, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles 22 de abril la instalación de la Comisión de Evaluación de Activos Públicos.
Esta instancia, conformada tras una reunión de trabajo con el equipo económico, surge con el mandato de auditar y clasificar las industrias en manos del Estado para garantizar una gestión transparente y, sobre todo, eficiente de los recursos nacionales.
Durante el encuentro, Rodríguez detalló que la estrategia se centrará en cuatro vertientes críticas: la identificación de activos estratégicos, la detección de bienes prescindibles para el Estado, la creación de alianzas público-privadas y la liquidación de aquellas empresas que ya no resulten productivas. Este último punto busca el "aprovechamiento" de los recursos remanentes de industrias que actualmente representan una carga administrativa sin generar beneficios al desarrollo sostenible.
La medida abre formalmente la puerta a una mayor participación del capital privado. Se estima que la comisión revisará una lista de más de 300 empresas públicas que podrían ser transferidas, de forma parcial o total, a manos de inversores particulares, una política que busca revertir la parálisis operativa en diversos sectores.
El equipo a cargo de esta transición combina el ala política con la técnica y gremial. La comisión está integrada por Calixto Ortega (Vicepresidente de Economía), Anabel Pereira (Finanzas), Luís Villegas (Industria), Aranny Seijo (Procuraduría) y Ángel Prado (Comunas), sumando además la visión del sector privado a través de Luigi Pisella, representante industrial.
Con este despliegue, el Ejecutivo apuesta por un modelo que priorice la operatividad real sobre la propiedad estatal masiva.
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