Niños y adolescentes migrantes, en su mayoría de origen venezolano, han sido reclutados por grupos armados ilegales en Colombia, en medio del conflicto armado que persiste en varias regiones del país.
La denuncia fue realizada por las periodistas Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández durante una entrevista en el programa Háblame Bajito, de Radio Fe y Alegría Noticias, donde presentaron los hallazgos de la investigación titulada “Niñez migrante en medio del conflicto armado en Colombia: entre el reclutamiento y el desplazamiento forzado”.
El trabajo fue desarrollado con el apoyo de la Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia, del Centro de Estudios en Periodismo (Ceper) de la Universidad de los Andes, y forma parte del proyecto independiente Laboratorio Migrante. La investigación documentó al menos 135 casos de menores reclutados, de los cuales el 90 % corresponde a niños venezolanos o con doble nacionalidad colombo-venezolana.
Jiménez explicó que la investigación tomó como punto de partida los 10 años del éxodo venezolano, con Colombia como principal país receptor de la diáspora, al concentrar cerca del 36,5 % de los migrantes venezolanos a nivel mundial. Por su parte, Hernández señaló que el trabajo surgió ante la invisibilización de la niñez y adolescencia migrante venezolana en Colombia, especialmente en el contexto del conflicto armado.
Víctimas de múltiples violencias
De acuerdo con los hallazgos, algunos menores fueron rescatados por fuerzas militares y policiales durante operativos, mientras que otros lograron escapar por sus propios medios. Sin embargo, muchos estuvieron expuestos a graves violaciones de derechos humanos.
Entre las situaciones documentadas figuran amenazas de muerte, desplazamientos forzados, asesinatos de familiares, desapariciones, mutilaciones y muertes durante enfrentamientos con grupos armados ilegales o fuerzas estatales. También se registraron casos de violencia sexual, incluidos episodios de inducción al aborto, hechos que las autoras califican como crímenes de guerra y graves violaciones al derecho internacional humanitario.
Más de 40 estructuras criminales en zonas de desplazamiento
Durante dos meses de trabajo de campo, las periodistas identificaron que la mayoría de las familias afectadas son hogares encabezados por mujeres —madres, tías, abuelas e incluso bisabuelas— que asumen solas el cuidado de los menores.
Tras el desplazamiento hacia zonas urbanas marginales, estas familias quedan expuestas a la acción de más de 40 estructuras criminales que operan en estos territorios, especialmente en áreas fronterizas como Cúcuta. Las zonas rurales, comunidades indígenas y regiones con mayor abandono estatal concentran los mayores riesgos.
Hernández citó cifras del Observatorio de Derechos Humanos del pueblo indígena Barí, según las cuales desde 2016 han sido reclutados al menos 246 niños y adolescentes de esta etnia, de los cuales el 70 % serían de origen venezolano.
Doble y triple victimización
Las periodistas alertaron sobre una doble e incluso triple victimización de estos menores. Jiménez explicó que los niños que no poseen la nacionalidad colombiana no pueden acceder a la justicia restaurativa ni ser reconocidos oficialmente como víctimas del conflicto armado, lo que les impide ser registrados ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Indicó que primero enfrentan la migración forzada, luego el impacto directo del conflicto armado y, finalmente, la exclusión de los mecanismos de reparación. Además, señalaron que la niñez migrante venezolana no está debidamente caracterizada en las estadísticas oficiales, incluso en instituciones como la Defensoría del Pueblo.
Niños rescatados bajo tutela del Estado colombiano
Sobre la respuesta institucional, Jiménez precisó que, tras el rescate, se activa un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Si no se logra ubicar a la familia, el Estado colombiano envía a los menores a hogares sustitutos y los deja bajo su tutela.
En el caso de niños venezolanos, se debe garantizar acceso a salud, vivienda, educación y acompañamiento psicosocial, además de iniciar gestiones binacionales para localizar a sus familiares. No obstante, Hernández advirtió que los programas de protección y reincorporación solo aplican plenamente a quienes tienen doble nacionalidad, dejando en mayor vulnerabilidad a los niños exclusivamente venezolanos cuando alcanzan la mayoría de edad.
La investigación también señala que la mayoría de los menores reclutados o amenazados no asiste a la escuela y presenta altos niveles de rezago educativo, siendo analfabetas funcionales a los 13 o 14 años.
Reclutamiento desde escuelas y redes sociales
Jiménez alertó que en ciudades fronterizas como Cúcuta, los grupos armados ingresan incluso a escuelas para adoctrinar y reclutar niños desde los 11 o 12 años. Asimismo, utilizan redes sociales como TikTok y Facebook para captar adolescentes con falsas promesas de trabajo y dinero fácil, incentivándolos a cruzar solos la frontera.
Las autoras coincidieron en que el Estado colombiano no cuenta con la capacidad suficiente para enfrentar el poder de reclutamiento y control territorial de los grupos armados ilegales.
Con informacion de Fe y Alegría
Cargando ...
