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Otra médica venezolana con asilo pendiente fue detenida por el ICE en Florida cuando iba a su trabajo

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a la médica especialista venezolana Yarelys Evelyn Guerrero Ramírez, de 52 años, mientras se trasladaba hacia su puesto de trabajo en Florida.

El arresto generó alarma en la comunidad civil debido a que la profesional cuenta con un permiso laboral vigente y mantiene un proceso de asilo político pendiente en los Estados Unidos.

El incidente ocurrió el pasado lunes alrededor de las 8:00 de la mañana. Según relató su esposo, Jorge Ledezma, Guerrero fue interceptada en la vía pública durante su trayecto hacia la clínica donde ejerce. En una breve comunicación telefónica, la especialista advirtió a su cónyuge que no se acercara al lugar del procedimiento para evitar correr con la misma suerte, debido a que el grupo familiar comparte el mismo estatus migratorio.

Médica venezolana emigró en 2019

Guerrero Ramírez emigró de Venezuela en 2019 junto a su esposo y sus dos hijos, de 16 y 18 años actualmente. En su país de origen se desempeñaba como experta en medicina materno-fetal. Tras establecerse en el sur de Florida, la profesional revalidó sus conocimientos y obtuvo un título en enfermería en el Institute of Health Care Professional de Boca Ratón, logrando reinsertarse activamente en el sistema de salud estadounidense.

Su núcleo familiar aseguró que ha cumplido rigurosamente con todas las normativas legales del país norteamericano. Ledezma enfatizó que la médica venezolana carece de antecedentes penales o infracciones de tránsito, mantiene sus pagos de impuestos al día y sus abogados actualizan constantemente las solicitudes del caso de asilo en curso.

En la actualidad, la doctora permanece recluida en las instalaciones del Broward Detention Center, en la localidad de Pompano Beach. Su familia manifestó experimentar un estado de alta ansiedad ante el temor de una deportación, tras sostener que regresar a Venezuela representa un peligro inminente.

Allegados y ciudadanos particulares iniciaron campañas de recaudación de fondos públicos para costear los honorarios de la defensa legal especializada.

Con información de Univisión

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