La escasez de combustible en Machiques y Rosario de Perijá, municipios del estado Zulia, se ha agravado en los últimos tres meses, generando una situación cada vez más complicada para los residentes de estas localidades.
Algunas estaciones de servicio deben esperar hasta 20 días para recibir suministro de combustible, lo cual ha afectado seriamente el comercio y la movilidad de la zona.
En medio de esta crisis, se ha observado un aumento en el traslado y venta ilegal de combustible por parte de algunos indígenas yukpas en la carretera Machiques-Maracaibo. Esta situación, que genera preocupación en todos los niveles, originó reuniones entre autoridades y líderes indígenas para intentar encontrarle solución al problema.
Raiza González, presidenta del Instituto Municipal para los Asuntos Interétnicos, expresó su preocupación frente a este contexto y afirmó que existe la necesidad de llegar a soluciones rápidas.
González informó que en una reunión realizada el pasado lunes 3 de julio en la Cámara Municipal, se creó una comisión de diálogo para abordar el tema de la venta irregular del combustible.
“Es un tema bastante delicado que venimos abordando con mucha preocupación. Hemos visto con preocupación la presencia de los hermanos indígenas con una venta ilegal cuando nuestro municipio pasa hasta 20 días sin el suministro”, señaló en entrevista para el programa De Primera Mano, de Radio Fe y Alegría Noticias.
González aseveró que es exagerada la cantidad de pipas con combustible que circulan en la zona y que aún los ciudadanos esperan una respuesta de acción por parte de las autoridades competentes.
“No vemos una respuesta de por qué se está permitiendo circular con esa cantidad de combustible (en la venta ilegal)”, apuntó.
Además, exhortó a los caciques de la comunidad indígena yukpa a entablar conversaciones y evitar que la venta ilegal del combustible continúe.
“Hago un llamado a nuestros hermanos para que podamos entablar conversaciones y evitar que esta situación siga sucediendo”, destacó.
La venta ilegal de combustible plantea riesgos tanto para la seguridad como para la economía de la región. Las autoridades locales están buscando respuestas y soluciones, mientras siguen en espera de una respuesta por parte del Gobierno nacional.
Con información de Radio Fe y Alegría
