El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, presentó ante la Asamblea Nacional una serie de observaciones críticas al proyecto de Ley Orgánica para la Protección de Derechos Socioeconómicos, cuya segunda discusión se encuentra pendiente.
La propuesta central del gremio empresarial busca establecer límites temporales estrictos a la intervención del Estado en el mercado y la eliminación definitiva de figuras de control que consideran redundantes. En una comunicación oficial enviada al Parlamento, la cúpula empresarial solicitó que la facultad del Estado para controlar precios de bienes y servicios esenciales se limite a un período de 60 días, prorrogable por un lapso igual.
Esta petición surge como respuesta al artículo 49 del proyecto de ley, el cual otorga al Ejecutivo la competencia de fijar precios ante «circunstancias extraordinarias» sin especificar una duración máxima. Para Fedecámaras, la falta de un límite temporal genera inseguridad jurídica, ya que medidas excepcionales suelen prolongarse en el tiempo incluso cuando las causas que las originaron han cesado.
El gremio argumenta que estas facultades deben homologarse con los lapsos establecidos en la Constitución para los estados de excepción por emergencia económica. Capozzolo enfatizó que, en aquellos casos donde el control de precios sea inevitable por razones de fuerza mayor, es imperativo que el Estado respete las estructuras de costos de las empresas. El dirigente gremial advirtió que ignorar la realidad financiera del sector privado pone en riesgo directo el abastecimiento y la viabilidad económica de las unidades de producción.
Asimismo, la organización empresarial expresó su preocupación sobre el artículo 19 del proyecto, que permite declarar como «servicios públicos esenciales» actividades que van desde la fabricación hasta la comercialización de alimentos. Fedecámaras propone que cualquier medida derivada de esta declaración también esté sujeta al límite de 60 días para evitar intervenciones permanentes en la cadena de suministros.
Finalmente, el sector empresarial abogó por la eliminación del esquema de «precios acordados». Según el planteamiento de Capozzolo, dicho régimen es «innecesario» en una economía que ya cuenta con mecanismos de libertad de precios y herramientas legales para atender contingencias graves.
«Mantenerlo genera una duplicidad de controles y confusiones que resultarían innecesarias», puntualizó el presidente de Fedecámaras, haciendo un llamado a simplificar el marco legal para fomentar un entorno económico más estable y predecible.
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