En un documento presentado en corte el lunes sobre el caso de un joven venezolano que fue enviado por error a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador y cuyo regreso a Estados Unidos fue ordenado por una jueza, una funcionaria del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inlgés) afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, "gestiona personalmente" las conversaciones con el Gobierno de Nayib Bukele y "realiza esfuerzos rápidos y diligentes" para cumplir con la orden judicial.
"El secretario Rubio mantiene una relación personal con el presidente Bukele y con altos funcionarios del Gobierno salvadoreño que se remonta a más de una década, cuando el secretario formaba parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado", indicó Melissa Harper, nueva subdirectora ejecutiva adjunta de Operaciones de Ejecución y Expulsión (ERO, en inglés) de ICE, al referirse al caso de Daniel Lozano Camargo, a quien el Gobierno ha identificado con el alias Cristian.
"Basándose en esta profunda experiencia con El Salvador y en su familiaridad con las sensibilidades políticas y diplomáticas de ese país, el secretario está gestionando personalmente las conversaciones con el Gobierno de El Salvador en relación con las personas sujetas a la orden judicial detenidas en El Salvador", indicó.
El pasado 24 de abril, una jueza federal de Maryland le ordenó al Gobierno de Donald Trump que facilitara el regreso de Lozano Camargo, quien fue deportado el 15 de marzo El Salvador y llevado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
La jueza de distrito Stephanie Gallagher, nominada al cargo por Trump, aseguró que la deportación del joven venezolano violaba un acuerdo judicial que prohibía su expulsión, a la espera de que se resolviera su caso de asilo.
El venezolano forma parte de una demanda colectiva presentada en 2019 en nombre de personas que arribaron a Estados Unidos como menores no acompañados y luego pidieron permanecer en el país, mientras sus solicitudes de asilo eran analizadas en cortes migratorias. Un acuerdo alcanzado entre las partes en 2024 estableció que no podían ser deportados hasta concluir ese proceso.
Gallagher ordenó a la Administración Trump a trabajar con el Gobierno de El Salvador para traer de vuelta a Lozano Camargo y, además, prohibió la deportación de otras personas protegidas por el acuerdo alcanzado el año pasado. La magistrada calificó la deportación del joven como un “incumplimiento de contrato”.
El Gobierno de Trump, de acuerdo con la orden, argumentó que la deportación de Cristian no incumplió el acuerdo, debido a que su designación como miembro de la pandilla Tren de Aragua "de conformidad con la Ley de Enemigos Extranjeros hace que deje de ser miembro” de la demanda colectiva.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 fue invocada por Trump al inicio de su mandado, con el objetivo de realizar deportaciones expeditas sin permitir a los inmigrantes pelear sus casos en corte.
Lozano-Camargo es el segundo de tres hombres deportados que un juez federal exige al Gobierno de Trump retornar a Estados Unidos desde El Salvador. El primero fue Kilmar Abrego García, quien vivía en Maryland de forma legal y a quien la Administración admitió haber enviado a la nación centroamericana por un error administrativo.
El pasado 30 de abril, Rubio se negó a responder si el Gobierno había pedido formalmente a las autoridades salvadoreñas el regreso de Abrego García.
"Nunca lo diría. ¿Y sabe a quién más nunca se lo diría? A un juez", afirmó el secretario de Estado durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca en ese entonces.
La Corte Suprema y una jueza federal han exigido al Gobierno de Trump tomar las medidas necesarias para garantizar el retorno de Abrego García. Trump ha dicho que no lo haría, en un aparente desafío a la rama judicial.
Noticia al Día/Telemundo
