A través de un comunicado conjunto, los gobiernos de los cuatro países anunciaron su respaldo al removido presidente de izquierda. “Los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”, dice.
La declaración, dada a conocer por el Gobierno mexicano, argumenta que desde el inicio de su período presidencial, Pedro Castillo “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”.
Sin embargo, los cuatro gobiernos que defienden a Castillo exhortaron a quienes "integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, agrega el pronunciamiento.
Los cuatro gobiernos aseguran que el líder ha sido “víctima de un antidemocrático hostigamiento” desde que asumió el poder en julio de 2021, lo que según los firmantes es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Desde que estalló la crisis política en Perú, el presidente colombiano Gustavo Petro ha expresado su solidaridad con Castillo y solicitó públicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expedir medidas cautelares en su favor. “Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”, aseguró el presidente de izquierda el 8 de diciembre en su cuenta de Twitter.
La Cancillería argentina, por su parte, había expresado su preocupación por la crisis política del Perú e hizo un llamado a los actores políticos y sociales a resguardar las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
México ha sido clave para Castillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que abrieran las puertas de la embajada para refugiarlo tras ser destituido, pero el peruano no pudo llegar a la sede diplomática porque fue detenido en el camino.
Su solicitud de asilo, sin embargo, sí llegó aunque de forma inusual. Según explicó el Gobierno mexicano fue a través de una carta de su abogado que luego fue ratificada por el propio embajador mexicano, Pablo Monroy, cuando fue a ver a Castillo a la cárcel.
El apoyo del presidente mexicano ha generado tensiones diplomáticas. Después que calificó la destitución de Castillo como un “golpe blando” y de decir que necesitaban analizar si reconocer o no a Boluarte, la Cancillería peruana convocó al embajador Monroy para transmitirle que las palabras de López Obrador constituían una “injerencia en los asuntos internos de Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”.
López Obrador insistió en que lo que hacía valer México es su tradición de asilo y dijo que él solo estaba opinando y no interviniendo.
Associated Press
