El gobierno de El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, ha intensificado su lucha contra el crimen organizado con la recepción de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, deportados desde Estados Unidos. Estos individuos fueron trasladados de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad del país.
Según fuentes oficiales, la deportación incluyó a 261 personas, de las cuales 238 son sospechosas de pertenecer a la organización criminal venezolana. Un grupo de 137 fue deportado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida reciente del gobierno estadounidense.
Imágenes difundidas por la Presidencia salvadoreña muestran a los deportados esposados, rapados y uniformados, siendo recibidos por fuerzas de seguridad en el aeropuerto y trasladados al Cecot. El acceso a la prensa fue restringido.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó la deportación, indicando que también se incluyó a miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes enfrentarán la justicia salvadoreña.
En Venezuela, analistas y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la falta de pruebas que vinculen a todos los deportados con el Tren de Aragua, advirtiendo sobre la posibilidad de que se trate de migrantes sin antecedentes criminales.
El presidente Bukele reveló que Estados Unidos financiará un año de encarcelamiento para unos 300 presuntos miembros del Tren de Aragua, con un costo de seis millones de dólares. Además, destacó que el programa Ocio Cero, que emplea a más de 40.000 reclusos en talleres, busca hacer autosuficiente el sistema penitenciario salvadoreño, cuyo costo anual asciende a 200 millones de dólares.
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