El cuestionado resultado de las Presidenciales del 28-J anunciado por el CNE y ratificado por el TSJ revive las consignas abstencionistas que plantean que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las próximas elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”.
En las Megaelecciones de 2025, un nuevo llamado a la abstención una vez más convertiría en mayoría a la minoría oficialista. Recordemos que al desconocer la legitimidad de las Presidenciales de 2018, la tendencia abstencionista de la oposición argumentó que los comicios para elegir alcaldes, gobernadores y diputados no resolverían lo que consideraban el problema de fondo: la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Restaron importancia a las elecciones parlamentarias y regionales, y para participar en cualquier elección convirtieron en un punto de honor la salida de Maduro del poder. Con la consigna del cese de la usurpación lanzaron su ultimátum: “solo negociaremos con Maduro su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo”.
Debido al deterioro de las condiciones electorales y con el propósito de deslegitimar cualquier elección, los principales partidos de la oposición dejaron de participar en las elecciones parlamentarias, de gobernadores y alcaldes. Cayeron en la jugada del gobierno y facilitaron el triunfo de los candidatos oficialistas. En apenas 5 años la oposición pasó de la contundente victoria en las Parlamentarias de 2015, a las consecutivas derrotas en las Regionales de 2016, las Municipales de 2017, las Parlamentarias de 2020, y en las Megaelecciones de 2021. En estos procesos la oposición se abstuvo o se presentó dividida, razón por la cual perdió importantes espacios de resistencia y lucha institucional que -además de ser el contrapeso institucional del gobierno-, constituyen la plataforma para la organización política de su militancia, activistas y seguidores.
Con la abstención la oposición entregó al gobierno el control de la Asamblea Nacional, que es la que designa a los rectores del Consejo Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sobre cuya independencia y autonomía se erige la democracia. La abstención inclina la balanza a favor del gobierno, toda vez que debilita la presencia de la oposición en la Asamblea Nacional y le facilita al oficialismo lograr una ventajosa correlación de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. Esa correlación de fuerzas políticas no refleja el malestar nacional que se queda sin representación en unas instituciones que terminan bajo el control de una minoría oficialista que se hace mayoría gracias a la abstención de la oposición.
Al desandar la ruta electoral, el terreno perdido no se recupera en la próxima elección y hay que volver a iniciar un largo proceso de acumulación de fuerzas, participando en todos y cada uno de los procesos electorales que se convoquen. Por lo tanto, no se puede seguir llamando a la abstención en unas elecciones y entregar los contrapesos institucionales, para luego regresar a participar en las siguientes elecciones, sin fuerza ni capacidad para lograr la reinstitucionalización de los poderes públicos y lograr igualdad de condiciones electorales.
Acumular fuerzas para reinstitucionalizar los poderes públicos
La falta de contrapesos institucionales es una de las razones por las cuales en las Presidenciales del 28 de julio de 2024 la oposición no pudo cobrar su victoria. La oposición no solo compitió contra el ventajismo del candidato oficialista, también compitió contra un CNE parcializado y un TSJ funcional al gobierno. En vez de abstenerse nuevamente en las Megaelecciones del 2025, las fuerzas democráticas están llamadas a reconstruir y recuperar los contrapesos institucionales que le impidan al régimen seguir imponiendo su modelo cada vez más autoritario y totalitario.
Sin contrapesos institucionales para poner límites al control del gobierno sobre los demás poderes públicos se deteriora aún más la democracia. Quienes detentan el Poder Ejecutivo van controlando y subordinando los demás poderes públicos. Esta hegemonía institucional es utilizada para inhabilitar candidatos de la oposición, competir con ventaja al utilizar los recursos públicos en sus campañas, y desplegar el aparato represivo del Estado para perseguir y anular a sus adversarios.
Con el férreo control económico, militar, social y político que ha logrado el régimen, no hay vía rápida para restaurar la democracia venezolana. Se requiere una nueva estrategia con base en un sostenido y gradual proceso de recuperación de los espacios de resistencia y lucha institucional. Restaurar la democracia venezolana será posible cuando el país descontento, políticamente organizado, acumule suficientes fuerzas para lograr la reinstitucionalización de los poderes públicos. Esto exige mantenerse en la ruta electoral a fin de recuperar la mayoría parlamentaria en la AN, que es el foro donde se designan los magistrados del TSJ, los rectores del CNE, los directores del BCV y otros altos cargos del gobierno y del Estado.
El desbalance es muy grande y hay que comenzar por recuperar los espacios de resistencia y lucha institucional perdidos. Las condiciones electorales son cada vez más desventajosas, pero no anulan la ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del enorme rechazo al gobierno. Al gobierno le conviene mantener un CNE espanta votos que lleve a la desmoralizante y desmovilizadora conclusión de que en Venezuela se vota pero no se elige. Para evitar que esta idea se implante en la opinión pública hay que mantenerse en la ruta electoral y participar en las elecciones parlamentarias y regionales con candidaturas únicas y unitarias que permitan lograr una correlación de fuerzas favorable en la Asamblea Nacional, a fin de comenzar a reinstitucionalizar los poderes públicos hasta recuperar su plena independencia y autonomía.
Las Megaelecciones ofrecen una extraordinaria oportunidad para recuperar y reconstruir los contrapesos institucionales necesarios para restaurar la democracia venezolana. Esta es una tarea de largo aliento, de recuperación gradual de los espacios institucionales entregados por la abstención. De allí la importancia de prepararse con tiempo para las Megaelecciones de 2025 en las que hay que competir con candidaturas únicas y unitarias a fin de ganar el mayor número de diputados, gobernaciones, alcaldías, legisladores regionales y concejales municipales que le hagan contrapeso institucional al gobierno y lo obliguen a sentarse a negociar una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano y un programa de reconstrucción nacional.
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