Los alcaldes colombianos de poblaciones cercanas a Venezuela están preocupados por una posible ola migratoria venezolana, aventada por la complicada situación política derivada de las elecciones del pasado 28 de julio y sus posibles consecuencias para la economía.
El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, explicó que su municipio, después de las elecciones de Venezuela, se vio afectado en su economía porque mientras suceden situaciones de crisis, muchas personas no transitan esta zona fronteriza y la dinámica económica disminuye.
El pronunciamiento del mandatario local del vecino país se produce en atención a lo que los expertos sostienen ocurrirá, de seguir el panorama político en Venezuela: un nuevo proceso de movilidad humana hacia Colombia y el resto del continente, ante lo cual, dijo, que la ciudad se verá impactada en todos sus aspectos, indica un reportaje publicado por La Opinión, de Colombia.
Peñaloza dijo que se están preparando para la eventualidad de una salida importante de venezolanos, pero teme que se "desborden las capacidades de atención", por lo que espera que si se registra una ola migratoria esta no sea de las dimensiones de las anteriores.
El alcalde estima que en Cúcuta viven alrededor de 220 mil venezolanos, "y adicionalmente a eso hay 60 mil de manera pendular que entran y salen de Cúcuta de manera constante".
Por su parte, el alcalde de Pamplona, Klaus Faber Mogollón, planteó al gobierno del presidente Gustavo Petro que se reforme el esquema que regula las ayudas que reciben los migrantes venezolanos, ante la posibilidad de un nuevo aluvión migratorio.
Según la nota, "hay preocupación entre los gobernantes de la región (fronteriza con Venezuela) frente a las limitaciones económicas y de logística en los municipios, y por lo que puedan hacer Migración Colombia y las políticas nacionales para mitigar el impacto que este hecho producirá".
La propuesta del alcalde de Pamplona es cambiar el esquema de atención para que, en lugar de asentar a los migrantes con servicios de alimentación y atención primaria, se les proporcione transporte hasta sus destinos finales.
“Es un hecho que nos va a afectar a todos”, reiteró Faber, quien propuso al Gobierno Nacional y a las ONG para que en lugar de la ayuda alimentaria, lo mejor es saber hacia dónde se dirigen los migrantes y apoyarlos con el transporte, a fin de hacerles menos traumática su movilidad.
Añadió en este sentido que al conocer los destinos, si van al sur del continente, lo mejor es transportarlos hasta Nariño, o si van a Panamá ponerles transporte hasta poblaciones limítrofes con ese país, o si van a una ciudad específica en el país ponerles transporte hasta esa población.
La idea es que los municipios fronterizos sirvan de tránsito para optimizar el uso de los recursos de atención.
El alcalde de Villa del Rosario, Juan Camilo Suárez, admitió que su municipio, al igual que todos los del área metropolitana y el país, no se encuentra preparado para una nueva llegada de migrantes, como ocurrió años atrás.
El líder del municipio, Villa del Rosario, dijo que en el sistema escolar de la jurisdicción hay alrededor de cinco mil estudiantes venezolanos y que por servicios de salud, la administración nacional debe al Municipio dos millones de pesos, casi US$ 500 millones por la atención a los migrantes.
Los medios colombianos reflejan la preocupación de las autoridades del país por el agravamiento de la situación política venezolana, ya que esperaban que las elecciones condujeran a una estabilización del clima político-institucional que asegurara un crecimiento sostenido de la actividad económica.
En Colombia se publican encuestas que indican que, tras los resultados del pasado 28 de julio, alrededor de 40% de los venezolanos más jóvenes estarían evaluando la posibilidad de emigrar.
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