Citgo es considerada la séptima refinería más importante de Estados Unidos y el mayor activo de Venezuela en el extranjero, con una capacidad de procesar 807 mil barriles por día
Un grupo de 18 empresas estatizadas por el gobierno venezolano y acreedores de bonos impagos en EEUU demandan poco más de 21 mil millones de dólares a Venezuela como compensación por las expropiaciones y los incumplimientos de sus tenencias.
Giorgio Cunto, economista y científico de datos, comentó a la Voz de América que el proceso judicial sobre Citgo está lejos de culminar, si bien se espera una audiencia para mediados de julio en una corte del estado de Delaware para reportar los resultados de la segunda subasta y determinar si será necesaria una tercera.
“Parece acercarse a su desenlace, pero puede prolongarse mucho más. Es un proceso muy, muy complejo, que quizás aún no alcance su clímax. Sería prematuro decir que la pérdida de Citgo es inminente”, apunta.
No sólo podría retardarse el cierre de la venta de acciones de Citgo por la complejidad del proceso legal y del propio sistema judicial de EEUU, sino además porque será necesario conocer la voz del gobierno federal estadounidense sobre el caso, dijo.
Será necesario ver “cómo terminan de alinearse los procedimientos legales y los objetivos geopolíticos de la administración de Estados Unidos en un momento dado”, que seguramente incluirá una licencia especial para el asunto, resaltó.
Subasta a punto de culminar
El expediente Citgo ha sido epicentro de un largo proceso judicial en Estados Unidos, que ha incluido varias sentencias, – una de ellas de la Corte Suprema de Justicia – y culminará en la venta de acciones de la compañía para compensar a los demandantes.
En mayo, el juez Leonard Stark de Delaware, desestimó una objeción de PDVSA y autorizó la recepción de ofertas en un proceso de subasta de las acciones de Citgo.
El 11 de junio se confirmó la recepción de las propuestas. El proceso atrajo a inversionistas y firmas con “recursos sustanciales” y derivará en el cambio de propiedad de Citgo, que dejará de ser del Estado venezolano, precisó la agencia Reuters.
Ese tipo de subastas suele permitir que los acreedores demandantes se sumen al proceso para adquirir acciones a cambio del pago de lo que se les debe. En el caso de Citgo, esas ofertas debieron combinarse con propuestas de dinero, según indicaciones del juez.
Esas subastas suelen iniciar en Estados Unidos con un precio base para cada acción, que sube a medida que los participantes ofrecen más. El resultado de ese mecanismo debe ser aprobado finalmente por el Departamento del Tesoro.
La subasta de acciones debe cerrarse a más tardar el 15 de julio del próximo año, cuando podrían conocerse los ganadores y los montos finales, pero ese día no habrá decisión concluyente sobre el proceso en sí, porque las partes interesadas tendrán la opción de apelar, insisten especialistas.
¿Cuánto se debe y cuánto vale Citgo?
Citgo tiene un valor estimado entre los 10 mil y los 13 mil millones de dólares, según expertos consultados por la Voz de América. Esa suma se acerca a la mitad de lo que los acreedores reclaman del Estado venezolano: 21.000 millones de dólares.
Entre los demandantes están la minera canadiense Crystallex International Corp, Siemens, ConocoPhillips y Exxon Mobil, cuyas propiedades y negocios en Venezuela fueron expropiados por el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez.
También, destacan los tenedores de bonos emitidos por PDVSA en 2016, cuya garantía era el 50,1 % de las acciones de Citgo. Esos pagos fueron incumplidos por el gobierno de Nicolás Maduro, que ha denunciado un “bloqueo” por sanciones estadounidenses.
Una junta directiva ad hoc de PDVSA, nombrada por la oposición, ofreció a los acreedores un proceso de negociación directa, sin éxito.
El 15 de julio no se va a subastar Citgo
“El 15 de julio dirán cuál es la mejor oferta y se escucharán las objeciones de Venezuela”, aclaró el abogado y exprocurador del gobierno interino opositor, José Ignacio Hernández.
Hernández, a quien el gobierno de Nicolás Maduro acusa de formar parte del supuesto “despojo” de Citgo, subraya que la cifra total esperada por los demandantes equivale al 11 % de la deuda pública externa venezolana.
El exprocurador explica que el primer paso de la Corte de Delaware será comunicar su decisión por escrito en 30 días.
Una vez que esto ocurra, Venezuela o algún acreedor descontento tendrán derecho a apelar, y ese proceso puede demorar entre 6 meses y un año, lo que mantendrá a Citgo protegida al menos “hasta febrero de 2025”. Una vez la sentencia sea firme, todavía la última palabra la tiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Cunto, por su parte, destaca que la situación política y económica de Venezuela tiene un impacto indirecto con el caso judicial en Estados Unidos sobre Citgo.
“Los acreedores están haciendo fila para ver qué pueden sacar, porque no hay expectativa creíble de que Venezuela esté en disposición de pagarlo en un futuro cercano”, dice, a 40 días de la elección presidencial en su país.
¿Qué implica para Venezuela?
El embargo de las acciones de Citgo sería “el primero de muchos eventos traumáticos” por los cuales va a atravesar Venezuela, porque el país se expondrá al cobro de deudas por el orden de miles de millones de dólares, detalló Hernández.
El experto calcula que, de la subasta de Citgo, se obtendrían en realidad entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. “Eso quiere decir que vas a tener a acreedores reclamando el dinero que falta, y esa gente va a buscar el dinero bajo las piedras”, añadió. “ConocoPhillips, por ejemplo, está intentando embargar a PDVSA por los proyectos de gas en Trinidad y Tobago”.
Caracas ha asegurado que “no reconoce ni reconocerá” lo que considera como una “venta forzosa” de Citgo, un «importante activo estratégico» de PDVSA. «Su venta forzosa constituye un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los EEUU contra Venezuela”, aseguró la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en un comunicado.
Protección diezmada
Citgo estuvo protegida de esas demandas en buena parte por decisiones ejecutivas del gobierno estadounidense, tras desconocer a Maduro como presidente y respaldar al parlamentario opositor, Juan Guaidó, como jefe de Estado encargado.
Guaidó y sus aliados argumentaron que los bonos ofrecidos por Maduro eran inválidos porque no fueron aprobados por la Asamblea Nacional electa en 2015.
Uno de los postulados del “gobierno de transición” del dirigente legislativo opositor era “la protección de los activos” de Venezuela en el extranjero. Guaidó, sin embargo, dejó de liderar ese gobierno interino en 2022 y actualmente se encuentra exiliado en EEUU.
En ese contexto, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros autorizó con una licencia ciertas transacciones relativas a los bonos de PDVSA desde enero de este año.
Analistas interpretaron esa medida como una señal de apertura del gobierno de Joe Biden para que se reivindiquen los derechos de acreedores en su sistema financiero.
Voceros del gobierno de Maduro denunciaron el “robo” y la “venta forzosa” de Citgo por culpa de sus opositores, mientras que estos afirman que las malas políticas, los impagos y la corrupción del chavismo pusieron la empresa en bandeja de plata.
El valor monetario de Citgo no se acerca “ni remotamente” al monto necesario para que Venezuela pueda cubrir todas sus deudas en la industria energética, opina por su parte el economista y científico de datos, Giorgio Cunto. Sin embargo, subraya su importancia para el sector petrolero nacional.
“En términos económicos y estratégicos, no es nada trivial. Es un bien petrolero en el mercado estadounidense. Perder Citgo para Venezuela es otro golpe a la ya abatida industria nacional”, dijo, lamentando que pueda no ser útil para la recuperación económica de Venezuela en un futuro.
Su pronóstico no es optimista. “Las probabilidades de que Venezuela mantenga el control y la propiedad de Citgo son muy bajas”, concluye.
VOA
