Con el propósito de presionar a la Corte Suprema de Justicia colombiana para que eligiera al próximo fiscal general de la nación, los ciudadanos tomaron las calles e intentaron entrar a la fuerza al Palacio de Justicia, ubicado en Bogotá; exigían el reemplazo del fiscal General Francisco Barboza, pero el alto tribunal no logró llegar a un acuerdo para elegir a su sucesor. En medio de la conmoción, los magistrados fueron evacuados del recinto en helicóptero.
Las fotografías que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales muestran cómo las personas acordonaron el Palacio de Justicia, dañaron las vallas de seguridad y las puertas tras conocer la decisión por parte del presidente de la Corte, Gerson Chaverra Castro: “Como presidente de la Corte Suprema de Justicia tengo para informarles a ustedes y al país que sesionamos en condiciones de normalidad, adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la Nación, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas, por el momento, sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida la nueva fiscal general, que conforme a nuestro reglamento se requiere una mayoría de 16 votos”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró “no haber convocado las manifestaciones y mucho menos presionar a la Corte para que elija al próximo fiscal” como se reseña en algunos medios de comunicación.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció la jornada de movilización en el territorio nacional, fundamentando su iniciativa y aclarando el propósito de la concentración cívica en un comunicado donde solicita: “el cumplimiento del mandato constitucional de designar el nuevo Fiscal General de la nación por parte de la Corte Suprema de Justicia, en la fecha que establece la Carta Magna, el respeto a la democracia y la decisión popular de elegir un gobierno democrático y progresista”.
Por su parte, el Petro escribió en su cuenta en la red social: X: “El magisterio y todo el movimiento laboral organizado tienen el derecho constitucional a la reunión y a la movilización pacífica, y no necesita de mi orden para ello. Ni más ni menos la sede de su sindicato fue allanada”, en referencia al allanamiento realizado por la Fiscalía a la sede de Fecode para encontrar elementos que prueben una donación de ese sindicato a la campaña presidencial de jefe de Estado.
Noticia al Día/EFE
