Un informe secreto obtenido por The Associated Press detalla una operación encubierta de varios años de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que infiltró operativos en Venezuela para grabar a escondidas y armar casos por narcotráfico contra el liderazgo del país, un plan que Washington reconoció desde el principio que podría considerarse una violación del derecho internacional.
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“Es necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas”, indica el memorando de 15 páginas de 2018 acerca de la operación Tejón del Dinero (operación Money Badger) una investigación que, según las autoridades, tenía como objetivo a docenas de personas, incluyendo al presidente del país, Nicolás Maduro.
Aunque no hay un mecanismo claro para responsabilizar legalmente a Estados Unidos, la revelación amenaza con agitar más aún las ya tensas relaciones con el gobierno de Maduro y agravar el resentimiento hacia Estados Unidos en toda Latinoamérica por la percepción de intromisión. Además, ofrece una inusual perspectiva de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la DEA para luchar contra las drogas en un país que prohibió la presencia de sus agentes hace casi dos décadas.
Según el informe, algunos de los aliados más próximos a Maduro se vieron implicados en la investigación, como Álex Saab, el empresario liberado recientemente en un intercambio de presos por diez estadounidenses y un contratista de defensa prófugo. Pero hasta ahora no estaba claro que las investigaciones estadounidenses contra Venezuela incluyesen tácticas legalmente cuestionables.
“No nos gusta decirlo públicamente, pero somos de facto la Policía del mundo”, dijo Wes Tabor, un exagente de la DEA que fungió como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes del inicio del operativo descrito en el reporte.
Tabor, quien no confirmó la existencia de ninguna acción de este tipo, apuntó que las medidas unilaterales y encubiertas pueden ser una herramienta eficaz cuando se llevan a cabo con los límites y la responsabilidad adecuadas, especialmente en un país como Venezuela.
“No estamos en el negocio de acatar las leyes de otros países cuando estos países son regímenes canallas y las vidas de los niños estadounidenses están en juego”, añadió. “Y en el caso de Venezuela, que nos está inundando de droga, el riesgo merece la pena”.
Tanto la DEA como el Departamento de Justicia rechazaron responder a las preguntas de la AP sobre el informe, la frecuencia con la que Estados Unidos realiza actividades unilaterales y quiénes forman el comité que aprueba esos operativos.
El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a un pedido de comentarios. Pero recientemente Maduro acusó a la DEA y a la CIA de llevar a cabo esfuerzos para desestabilizar el país. La CIA se negó a realizar declaraciones.
“Yo no creo que el presidente (Joe) Biden esté involucrado”, dijo Maduro en una aparición en televisión. “Pero la CIA y la DEA son organismos independientes, imperialistas, criminales”.
Durante el gobierno de Donald Trump
El documento nunca antes visto fue redactado en la cúspide de la campaña de “máxima presión” del presidente republicano Donald Trump para destituir al presidente venezolano.
Maduro acababa de dar un giro autoritario, prevaleciendo en lo que la administración Trump denunció como una farsa de reelección en 2018. En cuestión de semanas, altos funcionarios de la DEA planearon desplegar al menos tres informantes encubiertos para registrar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narcoestado.
Pero debido a que el plan parecía pasar por alto el derecho venezolano e internacional, requirió la aprobación de lo que se conoce como el Comité de Revisión de Actividades Sensibles, o SARC, un panel secreto de altos funcionarios del Departamento de Estado y de Justicia reservado para los miembros más sensibles de la DEA. casos que involucran consideraciones difíciles de ética, legal o política exterior.
Marcó una expansión agresiva de Money Badger, que la DEA y los fiscales de Miami crearon en 2013 y que luego investigaría a alrededor de cien personas con información privilegiada dentro de Venezuela, según dos personas familiarizadas con la operación que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la ley. detalles de aplicación.
Al autorizar transferencias electrónicas que de otro modo serían ilícitas a través de empresas pantalla y cuentas bancarias con sede en Estados Unidos, la DEA pretendía desenmascarar a los narcotraficantes colombianos y a los funcionarios corruptos que aprovechan el sistema cambiario de divisas fuertemente controlado de Venezuela para lavar ganancias obtenidas ilícitamente. Pero se expandió con el tiempo, centrándose en la familia de Maduro y sus principales aliados, aunque el Presidente terminaría siendo acusado en otro lugar, por la Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan, por cargos de tráfico de drogas.
Ninguna de las acusaciones contra venezolanos, ni antes ni después del memorando de 2018, hizo mención alguna al espionaje estadounidense. Y “para limitar o mitigar la exposición de las actividades unilaterales”, el documento aconsejaba a los funcionarios de la DEA proteger a sus informantes y restringir las reuniones en persona con los objetivos. No está claro si Money Badger todavía está en marcha.
El documento de operación Tejón del Dinero se liberó por accidente
El memorando de la operación Money Badger nunca tuvo la intención de hacerse público.
La Fiscalía Federal en Manhattan lo subió inadvertidamente entre docenas de pruebas gubernamentales a un sitio web para compartir archivos durante el juicio por conspiración de soborno, a finales del año pasado, de dos ex supervisores de la DEA que ayudaron a encabezar la ofensiva de la agencia contra el gobierno de Maduro. Sería eliminado horas después que un periodista de AP comenzó a preguntar al respecto.
Unos días más tarde, a pesar de las objeciones de la AP, el juez federal que presidía el juicio por soborno tomó la medida muy inusual de sellar la sala mientras se discutía el documento, diciendo que hacerlo en audiencia pública tendría “serias repercusiones diplomáticas”. Ni él ni los fiscales explicaron cuáles podrían ser.
Noticia al Día / AP
