Un tribunal estadounidense aprobó las reclamaciones de 17 acreedores del estado venezolano, entre ellos ConocoPhillips, Rusoro Mining y Koch Industries, para obtener ingresos de una próxima subasta de acciones de la matriz de la refinería de petróleo de propiedad venezolana Citgo Petroleum para satisfacer reclamaciones por expropiaciones e impagos de deuda.
La lista, que redujo el alcance de las reclamaciones a 20 mil 800 millones de dólares desde los 24 mil millones solicitados por los acreedores, se produce después de que un funcionario del tribunal excluyera los laudos arbitrales y las sentencias judiciales que no habían satisfecho a tiempo los requisitos del tribunal.
Los acreedores han acudido en masa a un tribunal estadounidense de Delaware para presentar demandas que casi duplican el valor de Citgo, estimado entre 11 mil y 13 mil millones de dólares.
La refinería, con sede en Houston, explota una red de refinación con capacidad para 807.000 barriles diarios, 38 terminales, seis oleoductos y abastece a 4 mil 200 estaciones de servicio independientes, indicó una nota de Reuters.
Las primeras ofertas por las acciones se recibirán este lunes 22 de enero y habrá una segunda ronda de ofertas a finales de año.
La decisión final sobre los ganadores aún está a meses de distancia, ya que las adjudicaciones requieren la aprobación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha protegido a Citgo de los acreedores desde 2019.
Una junta, designada por un sector de la oposición, que administra la refinería ha venido negociando el pago de la deuda con ConocoPhillips, la extinta minera canadiense Crystallex y los tenedores de bonos organizados durante más de un año, pero no se han anunciado acuerdos.
Citgo declinó hacer comentarios sobre la decisión judicial.
Citgo en subasta: pagos prioritarios
La decisión dio prioridad en los pagos a la minera canadiense Crystallex, que presentó la demanda, Tidewater, Conoco, O-I Glass y Huntington Ingalls, según consta en el expediente.
Citgo ha sido valorada en el pasado entre 11 mil y 13 mil millones de dólares.
La subasta, que podría dar lugar a una de las mayores ventas judiciales de la historia de EEUU., fue lanzada en octubre por el juez Leonard Stark tras recibir luz verde del Departamento del Tesoro estadounidense.
Crystallex presentó por primera vez su reclamación de 990 millones de dólares contra Venezuela en 2017, pero las sanciones de Estados Unidos a Venezuela le impidieron cobrar.
Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó en enero la petición de apelación de los representantes de Venezuela, el juez Stark permitió que más acreedores se unieran a la subasta.
La mayoría de ellos, incluidos Contrarian Capital Management y los fondos Pharo Gaia y Gramercy, recibieron el visto bueno del tribunal para participar.
¿Un revés para Washington?
La subasta para compensar a los acreedores cuenta con la feroz oposición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que ha calificado la acción judicial de robo.
También se oponen el sector de la oposición que apeló contra la sentencia, según la cual Citgo es responsable de las deudas contraídas por el Estado venezolano, e incluso el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Citgo ha estado controlada por la oposición a través de directorios ad-hoc desde 2019 tras las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.
La posible pérdida de Citgo también podría verse como un revés para Washington, que ha tratado de arreglar las relaciones con Venezuela para fomentar elecciones presidenciales justas en el país.
Los legisladores estadounidenses propusieron el año pasado transferir todas las reclamaciones a una comisión de conciliación dependiente del Departamento de Justicia para lograr una distribución justa de las indemnizaciones. La idea no ha prosperado en el Congreso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo el 9 de enero que permitir la entrada de más acreedores en la subasta representaba una nueva agresión contra los activos de la nación venezolana.
La junta que dirige Citgo también ha rechazado las decisiones del tribunal, con el argumento de que el proceso de venta no es un método adecuado para liquidar todas las reclamaciones, ya que probablemente desencadenará desigualdades entre los acreedores.
«Sólo unos pocos (acreedores) cobrarán mucho, mientras que muchos otros terminarán sin nada», dijo en un comunicado la directiva de PDVSA Ad hoc, y manifestó que las negociaciones con algunos acreedores continúan.
Contratiempos en la subasta
El tribunal ha ido modificando el proceso de subasta a lo largo del tiempo. En octubre, descartó una «oferta de acecho» que habría fijado un precio mínimo para las acciones.
Las grandes refinerías de petróleo estadounidenses, entre ellas Marathon Petroleum, se han resistido a participar en la subasta, ya que no tienen interés por comprar capacidad de producción o verse envueltas en una disputa judicial.
El tribunal contrató al banco de inversiones Evercore Group para valorar las acciones y dirigir el proceso de comercialización, que recibió el visto bueno previo del Departamento del Tesoro estadounidense.
Evercore no ha revelado públicamente los detalles de la tasación, y el proceso de licitación podría seguir siendo, en gran medida, confidencial.
Reuters
