El Gobierno venezolano presentó una nueva aplicación móvil llamada Monitor Nacional de Precio, que permitirá a los fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) verificar en tiempo real los precios de los productos en los comercios del país.
La app, que ya está en funcionamiento, busca cumplir con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro de “fortalecer la economía, impulsar la producción nacional y proteger los derechos del pueblo de los delitos socioeconómicos” que sanciona la Ley Orgánica de Precios Justos, refiere el Ministerio de Comercio Nacional venezolano en un comunicado.
La aplicación también servirá para medir el comportamiento de los precios de los rubros priorizados, verificar la presencia de los habladores en los anaqueles y ajustar las transacciones comerciales en moneda extranjera a la tasa oficial cambiaria del Banco Central de Venezuela (BCV).
Pruebas piloto
Los funcionarios de la Sundde han realizado pruebas piloto con la app, que les permite recoger “de forma rápida, segura y confiable los precios” de los productos de la canasta básica en los distintos comercios, tomando en cuenta la marca y las especificaciones técnicas del producto, como el contenido neto, el tipo y la calidad, apuntó el Ministerio.
Los fiscales de la Sundde se mantendrán en operativo permanente en los mercados principales y municipales, centros comerciales y comercios en todo el país caribeño. agregó la dependencia gubernamental en su comunicado.
Vigilancia sobre el mercado
El ministro de Comercio Nacional venezolano, Antonio Morales, dijo que esta automatización del sistema de monitoreo de precio ayudará al Ejecutivo nacional a mantener una vigilancia sobre el mercado, además de “lograr la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a todo el pueblo en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población”.
Morales también destacó que esta herramienta para la captación de información servirá para la formulación de criterios técnicos que permitan hacer efectivas las reclamaciones de los consumidores “ante las conductas especulativas y otras conductas irregulares que perjudican los derechos en el acceso a bienes y servicios”.
Con información de Sumariúm
