La Fiscalía General de la República solicitó abrir juicios contra 22 personas detenidas en el marco de la operación Anticorrupción iniciada por el sistema de justicia el 17 de marzo pasado, debido a casos de presunta corrupción en distintos organismos del Estado.
La Fiscalía General dictó 81 órdenes de aprehensión, de las cuales se cumplieron 61 correspondientes a igual número de personas, presuntamente incursas en hechos de corrupción detectados en el Poder Judicial, alcaldías, así como las empresas estatales PDVSA, Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela (Cartoven).
La mayor cantidad de detenidos proviene o están vinculados con la industria petrolera, los cuales suman 41, según cifras ofrecidas en distintas ocasiones por la Fiscalía, según señaló el titular de este despacho, Tarek William Saab, recordó el diario Últimas Noticias.
De esos 61 privados de libertad, La Fiscalía General concluyó la investigación respecto a 22: De éstos, 13 empresarios y nueve funcionarios públicos.
Los 22 acusados trabajaron segmentados en tres grupos que se concertaron para desfalcar a PDVSA, según la investigación del Ministerio Público sustanciada con insumos preparados por la Policía Nacional contra la Corrupción.
Desfalco de más de cinco mil 550 millones de dólares
Ese desfalco suma cinco mil 550 millones 544 mil 290,74 dólares de acuerdo con los datos suministrados por la Fiscalía General en el documento interpuesto ante el Tribunal Especial 2do. de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados para solicitar el juicio contra los 22.
La Fiscalía General dice en el escrito acusatorio, al cual tuvo acceso Últimas Noticias, que esas 22 personas participaban de “una red de corrupción conformada por funcionarios públicos, que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de PDVSA a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control”.
El fruto de las ventas de ese petróleo asignado no ingresó a la República, sino que se desvió a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.
Como jefe de esa red de corrupción, la Fiscalía coloca al coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de la estatal petrolera y quien mandó a construir una oficina “de forma irregular en PDVSA-La Campiña”.
La oficina fue denominada Unidad de Trabajo Especial, desde donde despachaban Yamil Alejandro Martínez Núñez y Heinrich Chapellín Biundo, “manejando información clasificada de PDVSA sin ser personal adscrito a la nómina, donde además se mantenía restringido el acceso con un sistema de seguridad donde sólo podían ingresar estos ciudadanos».
El documento del Ministerio Público indica que estas personas manejaban «además altas sumas de dinero en efectivo y era el espacio donde desarrollaba las reuniones este grupo de operadores financieros”, dice la Fiscalía General.
Los implicados
El Ministerio Público detalla con nombres y apellidos quiénes integraban esa red de corrupción y para los cuales solicita que se les abra un juicio.
Entre ellos figuran Joselit Ramírez (ex jefe de la Sunacrip), José Agustín Ramos Chirinos (presidente de PDVSA-Puertos), Odoardo José Bordones, Jesús Enrique Salazar Querales, funcionarios adscritos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro.
Igualmente, la Fiscalía solicita enjuiciar a Rajiv Mosqueda y Renny Barrientos, ambos adscritos a la Sunacrip.
Estos funcionarios operaban con los empresarios Manuel Meneces, Roger Ramírez, Juan Manuel Alfonso López, Rafael Perdomo, Vicente Perdomo, Roger Perdomo, Daniel Prieto, Kristhonfer Vivas, Johana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Ximena Parada, Fernando Bermúdez, Eduardo Noriega, José Luis Fernandiz Laya, Railín Elizabeth Yépez Jaimes, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño, Olvany Gaspari, Leonardo Enrique Torres y Yuravic del Valle Ravelo.
Los funcionarios que trabajaban con Pérez Suárez no reportaban a las cuentas de PDVSA los pagos por concepto de las asignaciones de estaciones de servicio y de las cargas de crudo.
Por el contrario, “las empresas administradoras conciliaban directamente en las direcciones a cargo de estos imputados, a través de depósitos bancarios, plataforma Patria (subsidiadas e integrales) y efectivo».
«De igual manera este ciudadano (Pérez Suárez) autorizaba la emisión de pagos a contratistas sin efectuar el debido registro en el sistema SAP, permitiendo así que terceros se apropiaran de recursos del Estado venezolano”, dice el Ministerio Público.
Exdiputado intermediario
El diputado Hugbel Roa es otro de los que aparece mencionado en el escrito de acusación interpuesto por el Ministerio Público ante el tribunal correspondiente.
Roa actuaba como intermediario entre empresarios y Pérez Suárez, según la Fiscalía General.
En otro documento, la Fiscalía solicitó enjuiciar a Cristóbal Cornieles y José Maxcimino Márquez García, ex presidente del Circuito Judicial Penal Caracas y exjuez 4to. antiterrorista.
Ambos son acusados de obtener dádivas por favorecer la liberación dictada en favor de Oswaldo Cheremos, catalogado como socio del Tren del Llano.
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