La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición formulada ante Perú, para que ese país envíe a una mujer requerida en Venezuela por su presunta participación en el homicidio mediante incendio de un hombre.
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Tal decisión está contenida en la sentencia número 232 redactada por el magistrado Maikel Moreno Pérez.
La mujer requerida está identificada como Karina Alexandra Ortiz (La Dominicana), de 38 años de edad, quien tiene orden de aprehensión emitida por el Tribunal 10° de Control de Caracas el pasado 14 de abril.
Alias La Dominicana es señalada de rociar con gasolina a Roisber Alejandro Marquina Velásquez (22), quien posteriormente murió. Este hecho ocurrió el 10 de abril pasado en una vía pública del urbanismo Ciudad Tiuna adyacente a la torre 18, parroquia Coche, Caracas.
Por ese hecho están detenidos Pedro Luis Pérez Mireles y Eliezer Eduardo Nieto, quienes sometieron a la víctima agarrándolo por brazos y piernas para que La Dominicana procediera a prenderle fuego, según video difundido en redes.
A los 5 días de ese suceso, Roisber murió en el Hospital Universitario Miguel Ángel Rangel, ubicado en Coche.
Asimismo, el proceso de extradición de La Dominicana fue activado el 21 de abril pasado por Elianny del Valle Orozco Ferrás, fiscal 20° del Ministerio Público. Lo inició ese día tras obtener la información según la cual La Dominicana se encontraba en Lima, Perú.
Luego, el 27 de abril pasado, el Tribunal 10° de Control de Caracas remitió el expediente a la Sala Penal para que evaluara si estaban llenos los requisitos de la extradición.
Los magistrados constataron que están cubiertos los extremos para acordar el procedimiento de extradición de alias La Dominicana, imputada por homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y por motivo fútil mediante incendio, lo cual comporta una pena de 20 a 26 años de prisión.
La sentencia de la Sala Penal señala que Venezuela se compromete ante Perú a juzgar a la mujer requerida con las debidas garantías consagradas en la Carta Magna, relativas al debido proceso que abarca el derecho a la defensa y a no ser sometida a tratos crueles e inhumanos, entre otros.
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