Una investigación de la Fiscalía y el OS-7 de Carabineros desactivó lo que pudo ser un hito en la historia criminal del país: un grupo de reos de origen venezolano y vinculados a casos de tráfico, idearon un plan para derribar los muros del penal de esa ciudad con explosivos.
Escuchas y seguimientos hicieron caer a dos personas, quienes quedaron en prisión preventiva, en un caso que se manejó con el más absoluto sigilo. “Se indagan las motivaciones, vínculos y planes de los imputados”, dijo el fiscal Cristián Aliaga.
Los investigadores recibieron información desde el penal, en que se les daba cuenta que entre el 8 y el 14 de mayo, varios reclusos de “posiblemente una organización criminal de nacionalidad venezolana, dedicada al tráfico de drogas”, había estado planificando una fuga que incluía el uso de explosivos.
Con esta información, el Ministerio Público pidió la autorización para intervenir los teléfonos de “Yinne”, quien era permanentemente contactada desde la cárcel por otro teléfono. El 10 de mayo, el Juzgado de Garantía de Calama aceptó el requerimiento.
Al otro día, el 11 de ese mes, escucharon la primera conversación entre la mujer y un recluso del penal de nombre “Lameda”, quien le insistía en que tenía que cuidar “eso”, a lo que ella constantemente le señalaba que “era mucho compromiso”.
Se registraron dos llamadas más, en ese mismo tono, donde se hablaba de la necesidad de vender el “elemento” rápido, porque había compradores interesados y la idea era ofrecerlo al mejor postor.
Fueron diez días de interceptaciones telefónicas lo que les reveló a los investigadores que la mujer, identificada como Yinne Medina Palma (29), y de origen venezolano, era quien tenía el elemento explosivo en su poder. Su misión, creyeron los investigadores, era vender el artefacto a la organización que planeaba la fuga desde la cárcel de Calama.
“Al analizar en detalle la conversación se logró establecer la necesidad de la mujer de tener instrucciones respecto del artefacto explosivo, ya que la habían consultado por la tenencia del artefacto, pero que no quería entregar datos exactos de la ubicación de éste”, agregó uno de los informes policiales del caso.
En busca del explosivo
Los investigadores ya tenían indicios claros de que el dato que surgió desde la cárcel no era errado, pues ya contaban con grabaciones telefónicas que apuntaban a la elaboración de un plan para hacer volar los muros de la cárcel. Pero faltaba lo central: ¿Dónde estaban los explosivos y serían tan potentes para derribar los muros de una cárcel?
Para resolver esas dudas, se pidió a una compañía telefónica el perímetro desde donde se estaban realizando las llamadas de la mujer. Así, la antena marcó una cuadrícula de las calles Balmaceda, Piedras Rojas, Ecuador y Cobija. Ese era el radio desde donde se comunicaba la sospechosa.
Un día después, los efectivos de Carabineros destinados a labores de vigilancia lograron ubicar el domicilio, en calle San Pedro de Río Grande. Allí vieron a la mujer entrar y salir, sin movimientos sospechosos, hasta el jueves 25 de mayo.
Ese día, a eso de las 19.00, llegó hasta a la casa de la mujer un auto Hyundai, modelo Gets. A los pocos minutos salió Yinne, quien se subió rápidamente en el asiento del copiloto.
Los policías se activaron. Dejaron que el auto avanzara, tomaron una distancia prudente y comenzaron un seguimiento que duró casi 30 minutos, hasta que el “blanco” se detuvo en calle Latorre, esquina Heriberto Salgado. Pasaron segundos y un desconocido abordó el vehículo, estuvo a bordo diez minutos y bajó. El auto continuó su marcha, hasta detenerse fuera de una casa.
El conductor bajó con un “bulto” entre sus manos, entró a la casa y salió en cinco minutos, ya sin la bolsa y con premura. Reinició la marcha del vehículo y fue a dejar a la mujer a la casa desde donde la pasó a buscar.
El GARP y el Gope en acción
Con todos los elementos que Carabineros reportaron al fiscal Aliaga, el Ministerio Público ya estaba en condiciones de tomar una decisión para entrar a los domicilios de los sospechosos y detenerlos, pero antes había que asegurar lo principal: no permitir la masiva fuga desde la cárcel de Calama.
Fuentes judiciales y policiales de la zona advirtieron que se trataba de un hecho inédito. Nunca antes en la región una banda criminal había intentado hacer explotar un muro para escapar.
Los consultados coinciden que todo tiene que ver con la “radicalización” de las organizaciones criminales de la Macrozona Norte, donde se han exportado violentos métodos delictuales para robustecer a estos peligrosos grupos.
Noticia al Día con información de La Tercera
